No hay derecho pues, que el Presidente de la República haya dejado pasar cuatro años sin resolver los profundos problemas de la ineficiencia y la falta de competitividad de los productores del campo. Todos, absolutamente todos los esquemas implementados por los teóricos funcionarios que Palacio puso al frente de la cartera agropecuaria, fracasaron.

No fueron capaces de resolver el problema de los altos costos de los insumos (la tarjeta de crédito de agroinsumos no les dio resultado y tampoco concertaron una disminución de precios con las multinacionales). Cerraron durante dos años la importación de maquinaria usada para uso agrícola desde los Estados Unidos impidiendo reducir los costos de adecuación de tierras. No construyeron un solo distrito de riego, el acceso a semillas genéticamente mejoradas sigue siendo una tortura y la investigación se quedó en los anales de Corpoica, que ahora se dedica a facturar comisiones por administración de convenios al cuestionado Fondo de Adaptación.

El Banco Agrario, el ICA y el Incoder fueron puestos al servicio de los políticos y no de los campesinos. Esa desacertada decisión trajo como consecuencia serios problemas en las metas de ejecución de dichas entidades. Las ganancias del Banco Agrario cayeron en un 39.9%, la morosidad de la cartera subió al 8.6% (frente a un 2.7% del resto de la banca) y su portafolio de inversión lo concentraron en TES ($10 billones), mientras que al sector agropecuario solo colocaron créditos por 2.4 billones de pesos en el 2013, equivalente al 36% del total de la cartera agropecuaria.

Por su parte, el ICA no fue capaz de expedir y aplicar las normas que permitían garantizar por ejemplo, el cumplimiento de los estándares en materia de inocuidad de la carne en toda la cadena para que pudiera ser admisible en los mercados de los EEUU y la Unión Europea.

El Incoder, en vez de dedicarse a implementar un modelo de agricultura tropical basado en hechos científicos para transformar grandes superficies de suelos pobres en fértiles y adaptar la agricultura a un contexto de cambio climático, se ha dedicado a adjudicar baldíos a campesinos sin un proyecto productivo viable.

Ahora, para tratar de atajar el justificado paro agrario del próximo lunes se les ocurrió la disparatada medida de prohibir los embargos y los cobros coactivos para la recuperación de las deudas de los campesinos, cosa que jurídicamente es improcedente. La mayoría de la cartera morosa que existe hoy en día en el sector agropecuario es consecuencia de los siniestros ocasionados por el fenómeno de la Niña entre 2010-2011. En ese tiempo el ex ministro Juan Camilo Restrepo, tomó la desacertada decisión de refinanciar las deudas de los afectados cuando lo conveniente era comprarle la cartera que tenían con los bancos, que por la magnitud del desastre natural, la estaban ofreciendo a precio de huevo.

Hoy, el costo fiscal para la Nación y el costo político para el Gobierno, es mucho mas alto.

Lo que mas tiene molesto e indignado al país agrario es la forma como el Gobierno por intermedio del cuestionado gerente del Pacto Agrario, ha pretendido utilizar la crisis del sector para justificar la repartición de 1 billón de pesos de mermelada a 600 alcaldes del país en plena campaña reeleccionista con la disculpa que son para resolverle los problemas a los campesinos en dichas regiones. ¿Donde está la Procuraduría?
¿Ya ven porqué se justifica el Paro Nacional Agrario?.

Fuente: http://bit.ly/1hH50TY