En algunos debates recientes dirigidos por cierta clase política en Ecuador, se insiste mucho sobre la necesidad de reducir el tamaño del Estado – Sector Público. Se dice que el Estado no debe meter las narices donde supuestamente no lo llaman porque con esto da la posibilidad de desarrollar “las libertades”. Sin embargo, este argumento convertido en política en el Ecuador lo hemos vivido ya durante las dos décadas anteriores a la llegada al poder de la Revolución Ciudadana, décadas impregnadas por la visión neoliberal. Políticas defendidas principalmente por los partidos políticos que tienen intereses particulares en sus negocios privados. Lo que pretenden en último término es introducir en el imaginario de la gente que  las libertades sólo pueden desarrollarse al margen del orden estatal.

Cuando se habla de un Estado no intervencionista (que no meta las narices donde no le llaman), se dice solo una verdad a medias, pues se trata sobre todo de un Estado que atiende a los intereses de una pequeña parte de la población, lo que resulta posible, sencillamente porque se trata de un Estado no democrático que no apuesta por el bienestar de las grandes mayorías. Es un Estado en el que la estructura del poder económico se repite en el ámbito político. Esto es como un club social. Por ejemplo: en el club la Unión en Guayaquil (uno de los clubes más elitistas del país) solo pueden beneficiarse de su infraestructura los socios del club. Si una persona no socia pretende ingresar seguro será detenida por querer entrar en una propiedad privada. En un Estado reducido y sin capacidad de brindar los derechos fundamentales a los más necesitados, los que se benefician de los pocos servicios que el Estado puede dar son los que más tienen. Esto es porque el mismo está diseñado para defender sus intereses privados.

Al hablar del rol del Estado, está claro que tenemos que hacer mención igualmente a la otra cara de la moneda, el rol que debe jugar el mercado. Lo que está en juego aquí es caer nuevamente en el mercado como supuesto garante del suministro de bienes, servicios y derechos a las grandes mayorías sociales. Sin embargo, el mercado ya ha mostrado su incapacidad para esto. Bienes y servicios que solamente pueden proporcionar el Estado dado sus características de no tener una demanda estructurada. Por esto, a través del proceso político se define cuántos de estos bienes y servicios se tienen que proporcionar dada la solicitud del mandante que es la ciudadanía. Muchos de estos bienes y servicios, al ser dados solo por el sector privado, producen efectos de exclusión y deterioran el nivel de bienestar de toda la sociedad.

Estas insuficiencias del mercado las sufrimos durante las décadas perdidas. Resulta ser, que ahora que se avanzó en gran medida en asegurar que las personas más vulnerables puedan tener accesos a derechos fundamentales como la salud, la educación, seguridad o la justicia, se pretende nuevamente convencernos de que los mismos pueden ser proporcionados sin el Estado. Como si todos tuviéramos la capacidad adquisitiva para poder disponer de ellos.

La política implementada durante los últimos años ha permitido aumentar los recursos fiscales de manera sustancial para poder suplir el presupuesto general del Estado  y así poder dotar a la sociedad de derechos fundamentales. La generación de estos recursos mediante el sistema impositivo según datos del Servicio de Rentas Internas, cumplió con principios de progresividad y redistribución establecidos en el artículo 300 de la Constitución. “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”.

En cumplimiento de estos principios constitucionales, los impuestos directos representan el 55% del total recaudado. Los impuestos directos cumplen con un doble principio de equidad - horizontal y vertical. Esto quiere decir que el que más tiene más paga (equidad vertical) y los que están en el mismo nivel aportan todos en la misma proporción (equidad horizontal). Antes del 2007 este porcentaje era mayor para los impuestos indirectos como el IVA, lo que nos podría llevar a concluir que el sistema tributario en el país era regresivo. Hoy en día esta proporción entre impuestos indirectos e impuestos directos se ha revertido, por lo que podemos hablar que ahora el sistema se ha vuelto progresivo. Es decir, paga más el que más tiene. (Fuente SRI, página webwww.sri.gob.ec).

Esta nueva distribución del esfuerzo impositivo es la que motiva en último término el debate dirigido hacia la reducción del rol del Estado y el interés en reducir determinados impuestos. Ahora, en Ecuador, los impuestos se pagan y lo hacen en mayor medida aquellos que más tienen.

Al parecer, para los sectores que más tienen, garantizar las “libertades” a través de no recaudar impuestos y de reducir el Estado, sería la política perfecta. Las élites, pretenden justificar la disminución del Estado en defensa de las libertades de un sector de la sociedad, dejando nuevamente desprotegida a las grandes mayorías. Este es la visión que las mismas quieren imponer en la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de haberse avanzado en dar acceso a la gran mayoría de la población a la salud, la educación, la seguridad, la justicia … aún hay una importante parte de la misma que se encuentra fuera de estos beneficios, y esto si que nos lleva a que no exista una plena libertad.

Si no hay impuestos y se reduce el tamaño del Estado ¿quién suplirá las necesidades de todos los que faltan? Esperemos que los presidenciables que defiende esta tesis, nos cuenten con detalle cual es su fórmula secreta para el país.