La Plaza Bolívar de Bogotá fue el mejor escenario que se ha escogido para clausurar, con un evento cultural, el Congreso de la otrora fuerza guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo. (FARC-EP). Congreso que con la asistencia de un millar de delegados y unos 200 invitados nacionales y extranjero, debatió durante varios días, el programa, reglamento y  la funcionalidad, y a partir de su clausura, por decisión de su Secretariado y de su militancia, aprobó  su conversión en una fuerza política e inserción  en   la lucha política  legal y electoral que rige en Colombia,  de acuerdo a la Constitución de 1991.

Los colombianos  deben asumir la seriedad con la que han actuado los integrantes de esa cincuentenaria fuerza insurgente al cumplimentar todos los compromisos firmados por ellos y contemplados  en  los Acuerdos de La Habana.  Por solo mencionar los más importante tenemos:  cese unilateral de fuego, que abrió paso al cese bilateral, suspensión de toda acción vinculados a las retenciones o secuestros, acciones militares que involucrara a civiles; la fiscalización de sus bienes;  la concentración de sus fuerzas y la entrega de sus armas. Estos dos últimos hechos son inéditos en la historia, no solo de nuestra región, sino en otras zonas de nuestro universo. 

A diferencia de esas acciones de la guerrilla  en favor de la paz, el Gobierno no ha obrado de igual forma, por solo citar los principales, incumplimiento tenemos que: falta por cumplir la amnistía, aún permanecen en prisión más de sus 700 miembros; va en aumento el asesinato de líderes comunales, representantes de las minorías afrodescendientes e indígenas, y 32 personas entre miembros de las FARC y familiares de los guerrilleros. Los temas debatidos y  aprobados en La Habana, según la Comisión de Implementación de dichos  Acuerdos, no se han concretado, como es iniciar el proceso de  la Reforma Rural Integral (RRI), tampoco han cumplido lo relativo a la lucha contra el cultivo  de la coca y amapola.

Pero lo más significativo y muy grave para la tranquilidad ciudadana y que pone en peligro la paz, es la inexistencia de una política y un accionar en contra del paramilitarismo desconociendo así lo suscrito en los Acuerdos de la Habana.  Lejos de combatir el paramilitarismo que crece y ocupan las zonas donde operaban los frentes de las FARC, el propio ministro de Defensa Luis Carlos Villega, niega la existencia de dichas bandas narcoparamilitares.

El gobierno presionado por esta crisis presento una ley en el Congreso, objeto de un encendido debate en el Congreso y si bien Senado y Cámara,  aprobaron la propuesta que prohíbe   el paramilitarismo, debe llevarse a conciliación entre ambas cámaras y luego elevarla a la Corte Constitucional para su aprobación.

Uno de los más graves errores e insuficiencia de los Acuerdos de La Habana, lo constituyó la negativa de la delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogo, de no aceptar  la  propuesta de la delegación de las FARC de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la de las FARC de admitir la posición del Gobierno.  

Mientras que  el gobierno unilateralmente optó por convocar a un plebiscito no vinculante,  que lejos de contribuir y fortalecer la mesa de La Habana, ese escrutinio quedó en manos  del activo accionar de los sectores enemigos de la paz, a lo cual se prestó la feroz campaña mediática,  a favor del voto negativo, campaña plagada de grandes mentiras, como la de señalar que el SI le daría a la guerrilla la posibilidad de ocupar la Casa de Nariño e imponer una "dictadura castrochavistacomunista". Esa campaña cundió el pánico y así fue el resultado. 

La decisión de no someter los Acuerdos de La Habana a una Asamblea Nacional Constituyente, abrió el espacio para que los acuerdos se sometan al poder legislativo y judicial, los que tienen, de acuerdo a la Constitución del 91,  la facultad de aprobar o no, una parte o varias partes de los Acuerdos de La Habana. Ejemplos hay, allí tienen la eliminación de Fast Track o los problemas con la amnistía. Una Asamblea Nacional  Constituyente,  hubiera convertido los Acuerdos de La Habana  en una política de Estado y hoy la política de paz estuviera gozando de un absoluto derecho inamovible por su carácter constitucional.