En la guerra contra Venezuela, estudios hechos por organizaciones no gubernamentales bien financiadas (usualmente vinculadas a Estados poderosos) han sidos citados regularmente por medios corporativos occidentales para dar una visión desfavorable del país.

Un reporte venezolano presentado en mayo por el Grupo Crisis Internaciónal (ICG por su sigla en inglés) podría dar la impresión a algunas personas de que esta hecho con imparcialidad por los autores comprometidos a reducir la violencia política en Venezuela. El reporte da algunas buenas recomendaciones, pero en realidad revela que el compromiso del ICG de encubrir las acciones de extremistas de derecha es mucho más fuerte que cualquier compromiso de hacer un análisis sensato o de reducir la violencia política.

En la parte crucial del estudio, en la que habla sobre las protestas relacionadas a la violencia, el ICG aduce que hay ¨poca evidencia¨ de que los manifestantes opositores hayan usado armas de fuego:

En contraste con la abundante evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y civiles a favor del gobierno con muertes y lesiones, no está claro si alguien de la oposición usó armas. La evidencia es poco convincente de cualquier forma. Las únicas muertes que parecen claramente vinculadas a las protestas son aquellas que involucran accidentes en las barricadas (guarimbas), incluyendo el uso de alambre de púas y otros obstáculos.

En lo que concierne al ICG, los cadáveres de varios policías y de personas a favor del gobierno asesinados a tiros mientras intentaban mover barricadas en zonas de la oposición son evidencias ¨poco convincentes¨ del uso de armas por la oposición. Se puede discutir que se carece de “evidencia concreta” sobre las personas que dispararon a las víctimas. Sin embargo, sería más que absurdo decir que no existe evidencia de que los manifestantes de la oposición no están implicados en los tiroteos contra aquellos a favor del gobierno o policías.

Con el fin de hacer que las pruebas parezcan débiles, el ICG menciona un incidente en el que un periodista que trabajaba para el periódico derechista, El Universal, afirma que un manifestante a favor del gobierno mató a tiros a un polícia en una barricada de la oposición. Este tipo de afirmación también fue hecha por oficiales del gobierno sobre manifestantes de oposición a los que les han disparado (algunos oficiales alegan que los disparos fueron hechos por los opositores), pero el ICG no se preocupa en tomar estos testimonios para concluir que solo hay “evidencias débiles” de que los manifestantes en favor del gobierno nunca han usado armas de fuego. De hecho, el ICG menciona la muerte de Génesis Carmona, una manifestante de la oposición, sin siquiera mencionar las afirmaciones del gobierno de que le dispararon otros manifestantes de la misma oposición. Estas inconsistencias y normas parciales para evaluar la evidencia no pueden llevar a una historia confiable de los hechos.

Además de varias fuentes alineadas con la oposición, el ICG se remite al grupo de Nueva York, Human Rights Watch (HRW por su sigla en inglés), para fijar responsabilidades por la violencia. Recientemente HRW recibió una carta firmada por dos laureados con el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Mairead Maguire; el ex sub secretario general de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos, Richard Falk, y más de 100 especialistas pidiendo que el grupo cierre la puerta giratoria entre su equipo de trabajo y el gobierno de los Estados Unidos. La carta señala:

En una carta de 2012 al Presidente Hugo Chávez, HRW criticó la candidatura del país para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aduciendo que Venezuela carece de “estándares aceptables” y cuestionando su “habilidad para servir como una voz creíble sobre Derechos Humanos”. En ningún momento Estados Unidos, miembro del mismo consejo, ha merecido censura por parte de HRW, a pesar del programa secreto para asesinar de Washington, su preservación de rendiciones y la detención ilegal de individuos en la Bahía de Guantánamo.

El director de HRW, Ken Roth, una vez se refirió a Venezuela y otros países del ALBA como los países “más abusivos” de Latinoamérica -un comentario descabellado ya que él debería conocer, por mera probabilidad, los reportes sobre Colombia emitidos por su propia organización. Daniel Wilkinson, otro oficial de HRW, fue más allá al mentir sobre los medios televisivos venezolanos en una opinión editorial publicada en el New York Review of Books. Las respuestas de HRW al golpe de estado de 2002 en Venezuela y al golpe de 2004 en Haití fueron vergonzosas. Actualmente, quien quiera que cite algún reporte de HRW sobre cualquier país en desacuerdo con Estados Unidos de una forma no crítica, está por lo menos desinformado sobre los antecedentes de HRW.

El reporte de ICG no menciona las numerosas imágenes falsas que la oposición diseminó por las redes sociales alegando represión. Incluso un medio corporativo como Reuters hizo mención de esto, pero ICG lo ignoró. El ICG también cita al periódico de oposición El Nacional varias veces, un periódico de flagrante deshonestidad que ha hecho que los opositores se desconcierten. Los antecedentes atroces de El Nacional no lo “debilitan” como evidencia en la visión de ICG, tampoco generan una declaración de cautela.

Intentos para poner sobre una nube el llamado al referéndum de 2004

El reporte de ICG asombrosamente señala que la oposición simplemente carece de “pruebas concretas” en el fraude en el referéndum de 2004 que ganó Hugo Chávez. El reporte dice:

“No fue presentada prueba concreta [de fraude], a pesar de que después del análisis estadístico de los resultados se encontraron anomalías significantes”. María M. Febres y Bernardo Márquez, “A Statistical Approach to Assess Referendum Results: The Venezuelan Recall Referendum 2004”, International Statistical Review, vol. 74, no. 3 (2006), p. 379. Jennifer McCoy, jefa del equipo de observación electoral en Venezuela del Centro Carter, encontró que las anomalías no habían afectado el resultado del referéndum.

De hecho, elaborados argumentos estadísticos -uno de ellos basado en “anomalías” en la distribución de votos- se hicieron imediatamente después del referéndum, no años después como sugiere ICG. El Centro Carter contrató a un equipo de estadistas especializados -no solamente a Jennifer McCoy como ICG sugiere- que tenían como único trabajo evaluar esos argumentos. Estos expertos explicaron por qué los argumentos de fraude carecían de fundamento. Los diversos “análisis estadísticos” de la oposición fueron examinados por expertos que concluyeron algo más importante y aceptable para publicar (que es lo que los comités de revisión desdicen por días) y que requiere revisión extensa de los argumentos presentados por ambas partes. Uno de los puntos claves señalado por los expertos del Centro Carter fue que no había explicación creíble de por qué el gobierno pudo haber hecho un fraude ya que la auditoría de los resultados al azar no pudo haber fallado en hacerlo visible.

La victoria del gobierno en el referéndum de 2004 fue examinada. Uno de los observadores claves, el Centro Carter, está estrechamente ligado al sistema estadounidense, el cual ha sido muy hostil a las administraciones chavistas. A pesar de todo esto, el ICG sigue pretendiendo que hay dudas razonables en los resultados. Esto alentará a la oposición que alega que las victorias chavistas son un robo, sin importar que tan arrolladora sea la evidencia en contra.

Es sorprendente, tomando en cuenta el deseo de ICG de difamar el referéndum de 2004 el cual quedó muy lejos de ser un empate, que también publique un desesperado reporte unilateral de las disputas alrededor de las elecciones presidenciales de 2013. El ICG absolvió a la oposición por adelantado de cualquier acto de violencia al decir que el gobierno debe “aclarar” la validez de los resultados o enfrentar “consecuencias violentas”. En realidad, la auditoría de los resultados del día de las elecciones, como reportó CEPR, demostró que las probabilidades de la victoria de Capriles eran de menos de una en 25 cuatrillones. Sin embargo, la auditoría se expandió.

Queda muy claro, para cualquiera que haya prestado atención, que el clamor de fraude de la oposición no se debe a hechos sino al grado de apoyo que ellos esperan del gobierno estadounidense, prensa extranjera y grupos como ICG.

Hablando el idioma de la oposición

En la sección IX del reporte, ICG compara los “regímenes con tendencia de izquierda” de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuesta América (ALBA) con “esos que representan un mercado más amistoso, con gobiernos de tendencias de centro y derecha”. Sobre la izquierda, ICG describe “regímenes” mientras en el restro del espectro político los describe como “gobiernos”.

Algunos politólogos usan la palabra “régimen” de una forma neutral, pero es usado más comunmente para describir gobiernos opresivos y no democráticos. No puedo encontrar un ejemplo del ICG refiriéndose al gobierno de Estados Unidos como “régimen” a pesar del abismal registro en Derechos Humanos y sus procesos políticos dominados por el dinero. Sin embargo, es muy fácil encontrar reportes de ICG llenos de la palabra “régimen” para describir a los Estados a los que Estados Unidos se opone.

El ICG también usa la palabra “colectivo” para referise a alguien armado que apoya al gobierno. Hay que reconocer que este es un uso sumamente partisano sin más que “es un término que cubre a las diversas organizaciones comunitarias a favor del gobierno, la mayoría de ellas no violentas. Pero se ha empezado a usar especialmente para grupos armados de la izquierda revolucionaria que han proliferado bajo los gobiernos chavistas”.

Los medios de comunicacion de la oposición (a quienes el ICG intenta esconder con el uso de la voz pasiva “se ha empezado a usar”) han estigmatizado la palabra “colectivo” y el ICG lo ha copiado reflexivamente.

Tamara Pearson, una orgullosa miembro de un colectivo quien ha vivido y trabajado en Venezuela durante muchos años, habla sobre la campaña de deslegitimación:

“Donde antes todo, incluso la sequía o las acciones de una gran empresa, era la culpa de Chávez, ahora la culpa es de los colectivos. Ahora que Chávez se ha ido y la oposición todavía no ha obtenido su victoria electoral, se han dado cuenta que no es suficiente con llamar al actual presidente 'dictador' y minimizarlo por su falta de educación universitaria, tienen que satanizar también a las personas activas y organizadas. Porque no se van”.

Algunas buenas sugerencias completamente socavadas
El ICG dice que “la oposición puede y debe dejar de lanzar llamados para que la administración de Maduro deje el cargo”. Esta es una sugerencia sensata, sin duda, pero es hipócrita e ineficiente viniendo del ICG. Encubriendo la violencia de la oposición e impugnando elecciones limpias, como hace el ICG, es un regalo propagandístico para la multitud del “cambio de régimen”.

El ICG recomienda que los “socios internos” de Venezuela deben “ayudar a disminuir la violencia mandando mensajes claros de que solo métodos pacíficos serán tolerados”. La UNASUR e incluso la OEA, quien tradicionalmente ha arrastrado la línea de Washington, han enviado ese mensaje. El ICG está enviando el mensaje contrario.

*Joe Emersberger es ingeniero y miembro del sindicato de trabajadores de automoviles de Canada en Ontario, Canadá.