El 4 de agosto algo se rompió. En el momento exacto en que las Madres de Plaza de Mayo se dirigían a su ronda 1.999 el juez Marcelo Martínez Di Giorgi autorizó la orden de detención contra Hebe de Bonafini y el allanamiento de la sede de la Asociación. La ofensiva judicial constituyó la respuesta a la carta presentada donde ella misma explicaba las razones por las cuales no se iba a presentar ante él ese día, en el marco de la causa que investiga las irregularidades del programa Sueños Compartidos, administrado por el ex colaborador, Sergio Schoklender.

Es la primera vez desde el retorno de la democracia que un gobierno de derecha busca reorganizar su sistema de poder a partir -entre otras cosas- de las acciones tribunalicias. La orden judicial de detención contra Hebe de Bonafini implica una confrontación simbólica en la cruzada contra la “corrupción k”. La política en materia de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri desde el principio se posicionó en las antípodas de su antecesor kirchnerista [1], pero ha ido más lejos aún atacando a las organizaciones que históricamente han llevado adelante el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia.

El cambio de paradigma constituye el núcleo duro de la llamada “grieta”. Desde la asunción de Macri, la presencia del primer mandatario norteamericano -el país que financió con la llamada Operación Cóndor la ola de dictaduras latinoamericanas con complicidad cívico militar-el 24 de marzo fue la primera provocación [2] junto con  los elogios por parte del secretario de Estado de EE.UU., John Kerry.

En el imaginario de Cambiemos la impugnación a Hebe es en referencia a su accionar político. Las Madres no son una ONG tradicional como el Gobierno espera. Sin embargo,  ante sus repercusiones el tiro podría salirle por la culata sino logra dominar el accionar de las “voluntades revanchistas” y visibilizar aún más el viraje del poder judicial que desde su asunción ha sido el actor clave de la reorganización del poder macrista.

Desde febrero de este año y con el nuevo gobierno de Cambiemos varios juzgados federales han resignificado el concepto de justicia, concediendo el beneficio de la prisión domiciliaria a unos 50 militares y policías que estaban encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Amparados en su edad, los represores mayores de 70 años alegaron razones de salud, los motivos no implican un beneficio automático sino que depende del criterio de los jueces.

La Justicia manifiesta un cambio de doctrina en los tribunales con respecto a la gestión de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner –la cual llevó adelante cientos de juicios y encarcelamiento de represores de un periodo militar que dejó unos 30.000 desaparecidos- y fue descrita como “una pesadilla para los represores”. Mientras que desde el Ejecutivo, el actual ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo cual había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi.

En su carta, Hebe hizo referencia a los cambios recientes en la Justicia: “Cuando hay un juez probo, uno tiene que ir [y presentarse], pero cuando son todos estos, uno no los puede respetar”.

La carta resume su trayectoria de cuarenta años de lucha: “Hice 168 presentaciones por mi hijo Jorge, luego en conjunto reclame por mi otro hijo Raúl, que fue desaparecido en diciembre del mismo año, en una constante peregrinación por los juzgados, siempre padecí las mismas injusticias, las mismas agresiones. Luego en mayo de 1978, desapareció también mi nuera María Elena, nada cambio”. También recordó las vejaciones sufridas por su hija Alejandra quien fue brutalmente agredida en 2001, año del estallido social [3].

En el caso Schoklender, las Madres aportaron voluntariamente 60 cajas con pruebas, junto con 40 back-up y otros elementos, en un principio ante el juez Oyarbide y luego a Martínez Di Giorgi; también comparecieron en muchas ocasiones. Las pericias de las firmas constataron que no pertenecían a Hebe, hasta que ella dijo “basta”. Por resolución del juez que lleva su causa la activista por los derechos humanos de 87 años tiene pedido de captura, fue declarada en rebeldía y le prohibieron salir del país. Sin embargo Bonafini aseveró que se siente “feliz”, porque con su resistencia vuelve a develar la arista más grotesca del sistema judicial cuyo escenario por excelencia es Comodoro Py.

La respuesta judicial llegó con un cordón policial que trató de impedir la partida de la camioneta que trasladaba a las Madres a Plaza de Mayo. Un grupo de personas increpó a la policía dando origen a un forcejeo que logró que la camioneta de las Madres avance hacia Plaza de Mayo. Cuando la información trascendió comenzó a llegar gente espontáneamente, formando un abrazo simbólico a las Madres mientras realizaban su histórica ronda de los jueves.

Ante una multitud que se fue apiñando en torno a la ronda, Hebe de Bonafini hizo su descargo: “Con la misma valentía que nuestro hijos vamos a enfrentar a la justicia corrupta”. También aseveró que  “nunca van a poder poner presos a los ideales” en referencia a los intentos del Poder Judicial argentino que se ha ensañado con mujeres militantes como la líder territorial y diputada de Parlasur, Milagro Sala y la mismísima ex-mandataria Cristina Fernández de Kirchner. Después, fue acompañada a su sede en Congreso por una caravana de motoqueros–quienes otrora habían sido protagonistas de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001- y con la estela de una manifestación en progresivo aumento.

La presencia de personas en apoyo de Hebe hizo que la policía dejará de lado su orden inicial y la manifestación asumiera un cariz opositor, con oradores que representaron al kirchnerismo. Bonafini concluyó el acto con un mensaje que confluiría con el segundo “ruidazo” contra el aumento de los servicios públicos previsto para el mismo día y que se resumiría en la frase: “Macri: pará la mano”.

El gobierno de Macri ha tenido desde su asunción en diciembre una relación tensa con los principales organismos de derechos humanos en Argentina, entre ellas Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

A pesar de haber ratificado que continuarán con los juicios por lesa humanidad, el ministro de Justicia, Germán Garavano, ha manifestado que otorgar prisión domiciliaria “es cuestión de los jueces, no es impunidad sino cumplir con la ley”. Sin embargo, la aplicación de la doctrina impone un juego de sombras chinas entre víctimas y victimarios.

Cabe destacar que Fernando De la Rúa faltó a cinco indagatorias por la represión y asesinato acontecidas en diciembre de 2001, al decretar el estado de sitio la noche del 19 de diciembre, lo cual provocó como una reacción popular un masivo cacerolazo en todo Buenos Aires y la salida de la gente a las calles, que marchó hasta la Plaza de Mayo y terminó marcando el fin del gobierno de la Alianza. Sin embargo no sólo no fue detenido también fue absuelto. Mientras que Macri se ausentó tres veces ante la indagatoria por la causa en la que se investiga las agresiones y amenazas del personal de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) a personas indigentes que vivían en la calle. Allí se le imputaron delitos por lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de sus deberes como funcionario público, actualmente es el presidente de la Nación.

[1]http://www.celag.org/cronica-de-una-venganza-anunciada-por-barbara-ester/

[2]http://www.celag.org/40-aniversario-del-golpe-de-estado-la-primera-gran-marcha-opositora-por-barbara-ester/

[3]http://www.lavaca.org/notas/un-jueves-agitado-de-las-madres-al-ruidazo-la-ley-de-las-calles/