Colombia: Continúa el exterminio de dirigentes populares
El lunes 19 de enero de 2015 a las 3:00 pm, Carlos Alberto Pedraza Salcedo salió de su casa ubicada en el barrio Molinos II en Bogotá, hacia Teusaquillo a una reunión de trabajo en la Comercializadora Agropecuaria El Zipa. Esa fue la última vez que se le vió con vida. Varios de sus compañeros habían sido amenazados por el grupo paramilitar “Aguilas Negras”.
Carlos era licenciado de Universidad Pedagógica Nacional, líder del magisterio, integrante del Proyecto Nunca Más, del Movimiento de Víctimas de crímenes de Estado y del Congreso de los Pueblos. Un líder popular colombiano.
El miércoles 21 de enero de 2015, Carlos fue encontrado muerto en un sector despoblado de la vereda San Bartolomé, en Gachancipá, a 60 kilómetros de la capital. El dictamen de Medicina Legal establece que la muerte fue producida por “proyectil de arma de fuego causando una lesión a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia adelante, realizada con un arma de baja velocidad”. Un tiro de gracia.
Su asesinato constituye un nuevo caso de crimen político en Colombia, un país en el que los líderes sociales, sindicales y políticos son amenazados y asesinados por los grupos paramilitares.
El paramilitarismo reactiva su maquinaria de muerte
El martes 27 de enero la organización Unión Sindical Obrera (USO), vinculada a los trabajadores del sector petrolero, denunció en un comunicado que once de sus líderes han recibido amenazas y otros dos han sido víctimas de ataques en diferentes partes del país.
De acuerdo con la organización sindical, los mensajes de amenaza son firmados por organizaciones paramilitares como las “Autodefensas Gaitanistas”. Lo curioso de estos hechos, advierten, “es que se presentan todos durante este mes de enero, simultáneamente en todo el país, en forma sistemática y guardando características similares, lo cual hace notar un plan preconcebido desde un centro único de coordinación”.
La USO considera “sospechoso que las autoridades permanecen inermes, no investigan, no actúan y asumen una simple actitud de observación pasiva”. 150 personas fueron víctimas de amenazas por los grupos paramilitares en 2014, siendo los defensores de derechos humanos, activistas de izquierda y periodistas los más afectados.
Miles de prisioneros políticos, asesinados, desaparecidos, desplazados y exiliados
El 15 de enero de 2015 los dirigentes sindicales colombianos Luis Plazas Vélez, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia Seccional Bolívar; Félix Joaquín Berrío, obrero del transporte y fiscal de la CUT Bolívar; y Jimmy Ortiz, secretario general del Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca (Sinpeagricun-Fensuagro) denunciaron en Bruselas.
Algunos de los datos presentados por los voceros obreros fueron:
En Colombia hay 20 millones de personas pobres, el 70% de los trabajadores activos están en la tercerización a través de contratos a término fijo, y un 60% de la población ocupada en la economía informal o del rebusque. Estas cifras contradicen las informaciones oficiales.
Desde 1986, año de fundación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hasta el 2014, fueron asesinados más de 3.500 sindicalistas. Un alto porcentaje de estos crímenes corresponden a mujeres.
La mayoría de los casos de asesinatos ocurrió bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a quien calificaron de ser el padre del paramilitarismo.
Con los Tratados de Libre Comercio (TLC) han quebrado ramas claves de la economía colombiana, como la economía campesina y la de pequeños y medianos productores del campo, desestimulando la producción para el abastecimiento alimentario del país, encareciendo los productos de primera necesidad de la canasta familiar, estimulando, además el desempleo y la economía informal.
De acuerdo con los denunciado por los dirigentes sindicales, “en Colombia los prisioneros políticos, los asesinados, desaparecidos, refugiados y exiliados se cuentan por miles”. Jimmy Ortiz acusa al gobierno de mantener unos 9 mil prisioneros por causas políticas entre ellos los dirigentes Húbert Ballesteros, David Ravelo, Liliany Obando y Miguel Ángel Beltrán.
El Consejo Noruego para Refugiados calcula que anualmente en Colombia son desplazadas violentamente unas 300 mil personas.
El testimonio de Luis Plazas es una muestra de la realidad de los representantes obreros en Colombia,
Una estrategia político militar para la región
La Habana, Cuba es la sede de diálogos entre la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el gobierno. El objetivo de las conversaciones es poner fin al conflicto armado que data más de 60 años. No obstante, el cese del enfrentamiento armado no significa la superación del conflicto social que afecta a Colombia.
Por otra parte, el hecho de alcanzar la paz entre las FARC-EP y el gobierno no implica el cese o la disminución de las amenazas y los asesinatos de los líderes populares, sindicalistas, estudiantes, periodistas, entre otros. Aún está por resolver cómo se garantizará la participación política de quienes se desmovilicen y, fundamentalmente, cómo garantizar que no sean asesinados.
El asesinato de los dirigentes populares colombianos es un ataque directo al tejido social, a los movimientos sociales, populares, que apuestan por la profundización de la democracia y que ven en la paz una oportunidad para superar las causas estructurales, políticas, sociales y económicas que dieron origen al conflicto armado. Recientemente fueron amenazados Iván Cepeda y Piedad Córdoba.
El paramilitarismo es la herramienta de esos sectores de derecha que pretenden cerrar el paso al empuje de los sectores populares en lucha por sus derechos; por eso golpean a los líderes sociales. Y esos padres del paramilitarismo ocupan altos cargos en la estructura del Estado y del gobierno.
La Defensoría del Pueblo, en noviembre de 2014, alertó la presencia paramilitar en 27 departamentos de Colombia, incluidas las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Santa Marta, Sincelejo, Pasto, Quibdó, entre otras.
Es responsabilidad del Estado y del Gobierno garantizar los derechos y, sobre todo, la vida de los actores políticos y sociales colombianos. No obstante los dirigentes obreros denuncias que la impunidad campea en Colombia. Recientemente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, negó la existencia de los grupos paramilitares y descalificó las denuncias y la autoría de las amenazas y de los asesinatos.
Por eso no sorprende que la justicia evalúe otorgar el beneficio de casa por cárcel al paramilitar Ramón Isaza, alias “El Viejo”, condenado a 40 años de prisión por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, tortura, extorsión, actos de terrorismo, desplazamiento forzado, desaparición forzada y reclutamiento ilícito; responsable del asesinato de un millar de colombianos, debido a que padece de arterioesclerosis, problemas cardíacos, parkinson y osteoporosis.
Mientras esto ocurre en Colombia, los expresidentes Pastrana y Uribe, responsables del Plan Colombia y del paramilitarismo, recorren América con el apoyo del gobierno, exigiendo respeto a los derechos humanos. La crónica de una tragedia continuada.
Fuentes: EFE, USO, Congreso de los Pueblos, Voz