La verdadera fuerza motriz que mueve el pleito por los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, es el conflicto entre los comuneros zoques (los chimas) que defienden sus tierras y recursos naturales, y los talamontes, ganaderos, políticos y narcotraficantes chiapanecos, que saquean y agreden a las comunidades indígenas.

En Nudo de serpiente, extraordinaria novela-testimonio publicada en 2004, Alejandro Aldana Sellschopp narra el secuestro, a las pocas horas del levantamiento armado de enero de 1994, del general Augusto Castillejos (en realidad el finquero, ex gobernador de Chiapas Absalón Castellanos Domínguez, responsable de la masacre de Wolonchán), custodiado por el entonces mayor Moisés, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Encarrerado, el escritor cuenta también del pillaje de los Chimalapas a manos de políticos y talabosques chiapanecos.

Entrelazando historias de distintos personajes, Aldana Sellschopp, relata cómo, Rodrigo del Monte, personaje al servicio del hermano del general, responsable de la tala del cedro, la caoba y el pino, instruye a sus subalternos: “organizaremos a la gente para trasladarse a San Isidro la Gringa, en los meritos Chimapalas (…) de ahí nos quedan cerca Santa María y San Miguel, donde hay un desmadre bien cabrón, porque unos dicen que es de Chiapas y otros que de Oaxaca; como verás no hay ley definida y eso nos da chance de cortar y cortar árboles sin problemas”.

Cuando uno de sus interlocutores le dice que ya se había resuelto el argüende, Rodrigo le responde: “No, hombre, pinches leyes valen mierda, nos los chingamos moviendo los mojones como unos 30 kilómetros, y listo el asunto, ya es chiapaneca la tierra, y pa’ rematar el mismo secretario de la Reforma Agraria, un tal Rafael Rodríguez, apenas ahora en abril dictaminó ahí en Cintalapa, que La Gringa es propiedad nacional y ya pues ni modos que la hagan de pedo los enemigos”.

La novela relata también el momento en que, en esa guerra por la madera, los oaxaqueños tomaron como rehén a Hernán (Jorge Castellanos Domínguez), el hermano del gobernador, mientras devastaba la selva, en noviembre de 1985. Para liberarlo, le exigían al mandatario de Chiapas, que abandonara la acción depredadora en la región. “Nos cayeron –dice un personaje del libro–, se puso bien cabrón, desarmaron a todos, nos madrearon, se hizo un desmadre. A don Hernán no lo respetaron los muy mierdas, lo amarraron a un palo y dicen que el gobernador Heladio Ramírez lo va a entregar al general; pero creo que lo van a matar”.

El secuestro de Jorge Castellanos Domínguez es apenas un episodio más de la lucha ancestral ininterrumpida de las comunidades zoques en defensa de su territorio. Para preservarlas, en 1687 compraron sus propias tierras a la corona de España. En 1850, el entonces presidente, José Joaquín Herrera, reconoció el documento. Y en marzo de 1967, una resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz validó la propiedad de dos comunidades: Santa María y San Miguel.

Chimalapas significa en zoque “jícara de oro”, en recuerdo al pago hecho a la corona para obtener sus títulos virreinales. Está ubicada en el oriente de Oaxaca y colinda con Chiapas y Veracruz. Su superficie es mayor que las de estados como Tlaxcala o Colima. Según Miguel Ángel García, durante muchos años dedicado a la defensa de las comunidades indígenas y la biodiversidad de la región, “cuenta con 594 mil hectáreas de tierras, de las cuales 495 mil son bosques y selvas, lo que la convierte en la más importante de México y de Mesoamérica” (https://bit.ly/3wO1uSR).

Apoyadas por el gobierno chiapaneco y con el aval federal, en 1947 se establecieron en la región cinco grandes empresas forestales con 25 aserraderos, encabezadas por el michoacano Rodolfo Pérez Monroy. Sin preocupación por la conservación del ambiente o las necesidades de la población, explotaron salvajemente la selva y la mano de obra. Hasta que, en 1977, pobladores y trabajadores se sublevaron y expulsaron a los talamontes.

Entonces, de la mano de Absalón Castellanos siguió la invasión del territorio por ganaderos, nuevos taladores y narcoganaderos apoyados por el gobernador Patrocino González Garrido. Asimismo, desde el gobierno estatal se auspiciaron migraciones de tsotsiles pobres de los Altos de Chiapas, de desplazados por la presa Cerro de Oro o de víctimas de la explosión del Chichonal.

Para legalizar el despojo de 160 mil hectáreas de los Chimalapas, en 1995 Chiapas modificó el artículo tres de su Constitución. Antes de esa fecha, estaban claramente establecidos los linderos de esa entidad y casi no había traslape entre sus límites y los de las comunidades de Santa María y San Miguel. Mandatarios estatales como Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores auspiciaron la ocupación de ese territorio y protegieron a los depredadores. Para remachar la invasión ilegal, el gobierno de Juan Sabines creó en ese suelo el municipio Belisario Domínguez.

El pasado 11 de noviembre, después de una controversia de 10 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó la línea limítrofe entre ambos estados. Estableció que el municipio de Belisario Domínguez, creado unilateralmente por el gobierno de Chiapas en 2011 en los Chimalapas, se encuentra en realidad en territorio de Oaxaca.

El resolutivo es, sin duda, un triunfo jurídico de las comunidades chimas en la defensa de su territorio. Una victoria ante la que ganaderos, narcos y talamontes no permanecerán con los brazos cruzados.