¿Puede un Supremo Tribunal Federal (STF) en un país como Brasil funcionar y sesionar como si nada hubiera sucedido, después de que  al menos tres generales, uno de ellos el actual jefe del ejército, advirtieran públicamente que si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva no iba preso, se verían "obligados" a dar un golpe militar?

Después de un intento de homicidio contra el expresidente ocurrido la semana pasada en el estado de Paraná, el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa dijo a la prensa en forma amenazante que el TSF induciría a la violencia en el país si Lula no iba preso y amenazó con un golpe de Estado, mientras el general Paulo Chagas advirtió: "nuestro objetivo es evitar que se cambie la ley y que el jefe de una organización criminal, condenado a 12 años de prisión, circule libremente, pregonando el odio y la lucha de clases".

Horas antes de que sesionara el STF el jefe del ejército, general Eduardo Villas Boas, afirmó que su fuerza "comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudiar a la impunidad". Más diplomáticamente, pero la amenaza es la misma.

Cualquier magistrado simplemente apegado a la ley debió negarse a estar sentado en un Tribunal que ante tal amenaza había perdido toda autoridad. Si hubiera justicia esta sesión debería ser anulada.

El agosto de 2016 la entonces presidenta Dilma Rousseff fue destituida por una conjunción de medios de comunicación con la red O Globo a la cabeza, una justicia manejada por jueces que trabajan desde hace tiempo para Estados Unidos como Sérgio Moro, cumpliendo el papel que les asignaron, un parlamento 
mayoritariamente corrupto que destituyó, sin pruebas, a la mandataria. Lo que resultó en un golpe de Estado mediático, jurídico y parlamentario.

Aunque en realidad comenzó en mayo de 2016, cuando Rousseff fue separada de su cargo y asumió en remplazo transitorio el entonces vicepresidente Michel Temer (quien apareció en documentos como informante del Comando Sur) cambiando el gabinete, lo que no le correspondía, tomando medidas por decreto en forma ilegal, destruyendo todas las conquistas populares y lesionando gravemente la soberanía en Brasil, comenzando por la entrega de los grandes yacimientos de petróleo (presal) sacándolos del control de Petrobras.

Esta empresa, como todas las estatales, fueron víctimas de espionaje, como los gobiernos de Lula y Dilma por Estados Unidos, lo que fue revelado por las denuncias documentadas del ex contratista de la inteligencia estadunidense Edward Snowden.

Sérgio Moro, el juez que persiguió a Dilma y a Lula, es uno de los tantos jueces o empleados judiciales coptados por Washington, que de hecho ahora mantiene una especie de Escuela de las América para policías y judiciales en El Salvador. La condena de Moro contra Lula es una monstruosidad jurídica, ya que –como en el caso Dilma– no existe ninguna prueba en la causa por la cual fue condenado, lo que lo convierte en un rehén político, no ya de Brasil, sino de Washington.

El esquema estadunidense de infiltrar a las estructuras judiciales de América Latina surgió como metodología de trabajo en los planes contrainsurgentes y estratégicos para la región, en la década de los 90, para aplicar en los primeros años del siglo XXI. Se planteó entonces un nuevo modelo: las "democracias de seguridad nacional", en remplazo de las dictaduras de seguridad nacional, que convirtieron en un cementerio a América Latina en el siglo XX.

En realidad son una forma de dictaduras encubiertas para manejar los Conflictos de Baja Intensidad en el Siglo XXI, a lo que se añadió la dispersión del Comando Sur mediante la instalación de bases y establecimientos militares en territorios estratégicos de América Latina, para controlar directamente al mejor estilo colonial la región.

En el caso del juez Moro, quien estudió derecho en la Universidad regional de Maringá, entró en contacto con Estados Unidos asistiendo a un programa "especial" para instrucción de abogados nada menos que en la Harvard Law School (Estados Unidos).

Participó en el Programa para Visitantes Internacionales organizado en 2007 por el Departamento de Estado especializado en la prevención y el combate al lavado de dinero. En ese curso realizó visitas a distintas agencias de Estados Unidos, entre ellas las de inteligencia como la CIA y la FBI, y fue instruido en el análisis de crímenes financieros, y en los delitos cometidos por grupos criminales organizados y desde esos momentos pasó a ser un hombre al servicio de Washington.

En un artículo publicado en Brasil de Fato, Daniel Giovanaz denunció el caso del juez Moro, convertido en "héroe" en Estados Unidos, demostrando que esta acusación no era una "teoría conspirativa", como suele banalizarse cualquier denuncia, "porque existen pruebas suficientes en hechos y documentos".

En junio de 2016, la filosófa e investigadora Marilena Chauí, citada por Giovanaz, afirmó que Moro había sido coptado por la FBI para atender los intereses estadounidenses en la conducción de la operación Lava Jato.

"Él recibió un entrenamiento característico de lo que hacía la FBI en el Macarthismo (política de persecución anticomunista adoptada por Estados Unidos en los años 50)", señala la filósofa brasileña, estableciendo que Washington tenía un objetivo: desestabilizar Brasil para apoderarse de los grandes yacimientos petroleros, otros inmensos recursos y controlar nada menos que a la gran potencia latinoamericana.

“En este sentido la operación Lava Jato es, vamos a decir, un preludio de la gran sinfonía de destrucción de la soberanía brasileña para el siglo XXI”, denunció Chauí, cuya hipótesis fue respaldada por un documento de Wikileaks que se conoció el 30 de octubre de 2009.

“El nombre de Sergio Moro –además de su relación clave con Estados Unidos– es citado como participante de una conferencia ofrecida en Río de Janeiro por Bridges Project (Proyecto Pontes) vinculado al Departamento de Estado, cuyo objetivo era “consolidar el tratamiento bilateral (entre Estados Unidos y Brasil) para la aplicación de ley.

Moro fue la figura clave para justificar la "asesoría" estadunidense en su país.

Entre las conclusiones tomadas por Wikileaks sobre aquella conferencia, los responsables del Proyecto Pontes sostuvieron "la necesidad continua de asegurar el entrenamiento a jueces federales y estudiantes de Brasil para enfrentar el financiamiento ilícito de conducta criminal". La estrategia debía ser de "largo plazo" y coincidir con la formación de "fuerzas de tarea de entrenamiento" que podrían establecerse en Sao Paulo, Campo Grande o Curitiba.

Cinco años después de ese acto en Río de Janeiro estalló la operación Lava Jato, que instauró en el país un clima de inestabilidad política muy importante para los planes de Estados Unidos que pasó a controlar, manejar y manipular operaciones y el caso Odebrecht.

En los últimos dos años las visitas de Sérgio Moro a Estados Unidos se hicieron cada vez más frecuentes, y era presentado en conferencias como "líder central en el fortalecimiento del estado de derecho en Brasil". Que en realidad desapareció por el golpe de 2016 consolidado por este nuevo golpismo manu militare condenando a Lula, quien es inocente y nunca se ha probado lo contrario.