La lista de ríos y presas envenenadas es larga. Minas e industrias depositan en ellas regularmente sus desechos tóxicos. Derrames de arsénico, sulfato de zinc, lixiviados, hidrocarburos, queroseno han emponzoñado sus cauces y embalses.

Así sucedió en el río Yaqui, Sonora; en el San Juan, Cadereyta; en Agua Dulce, Veracruz; en Los Remedios, Durango; en la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, y muchos otros más. La Comisión Nacional del Agua reconoce que, en casi dos años, han sido registrados 32 casos. La situación es en realidad mucho más grave.

La gota que alertó a la opinión pública sobre la delicada situación de nuestros acuíferos fue el vertimiento de contaminantes de la mina Buenavista del Grupo México, el pasado 6 de agosto. Ácido y metales pesados escaparon al arroyo Las Tinajas y los ríos Bacanuchi y Sonora. Es, se dijo, la peor tragedia ambiental de la industria minera en la historia reciente.

En lugar de enfrentar su responsabilidad, la compañía de Germán Larrea hizo lo usual en estos casos: tratar de evadirla. Estamos hartos de las mentiras de Grupo México. Dice mentira tras mentira, denunció Pedro Armando Lugo, presidente municipal de Aconchi.

 La catástrofe de Sonora es parte del descomunal colapso ecológico en curso. Cada día que pasa la devastación ambiental se expande y profundiza en todo el territorio nacional.

Las autoridades han extendido a los grandes empresarios una garantía de impunidad para que hagan lo que quieran con los recursos naturales y los ecosistemas. La legislación que debe procurar su cuidado es letra muerta. El país ha perdido de la mano de la enajenación de sus recursos mineros e hidrocarburos su soberanía ambiental.

Una radiografía aproximada del desastre hídrico nacional ha sido elaborada por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Los casos presentados ante ambas instancias éticas internacionales por grupos de afectados ofrecen un panorama desolador. En ellos se ha hecho evidente tanto el incumplimiento como la abierta violación de la ley por parte del Estado mexicano, no como un hecho aislado, sino como expresión de una desviación de poder en beneficio de intereses privados.

El sistema de uso y manejo del agua en nuestro país es ineficiente. Multitud de acuíferos están sobrexplotados, cuando no abatidos. Se transportan millones de metros cúbicos de unas cuencas a otras. Cada vez es más común en el centro y norte extraer aguas con altas cantidades de arsénico. Los niveles de los mantos freáticos han descendido, al tiempo que se ha incrementado la salinización y sulfatación de las tierras de uso agrícola.

Gran cantidad de manantiales han desaparecido. Ríos que fueron perennes hoy son intermitentes. Algunos han desaparecido para siempre. Las cinco principales cuencas (Grijalva-Usumacinta, Coatzacoalcos, Papaloapan, Pánuco, Balsas y Lerma-Chapala-Santiago) alcanzan altísimos niveles de contaminación.

Cinco actores empresariales sobresalen por su capacidad depredadora sobre los recursos hídricos: mineras, Pemex, grandes agricultores industriales, tiburones inmobiliarios y empresas establecidas a las orillas de los ríos a los que convierten en grandes desagües.

No son los únicos, pero sí los peores.

Tal como ha quedado claro en el caso de Grupo México en Sonora, pero también de muchas otras compañías en otras regiones del país (muchas de ellas canadienses), la rapacidad ambiental de la actividad minera en la explotación de los yacimientos parece no tener freno. Lo mismo deforesta bosques que contamina aguas o provoca graves problemas de salud a sus trabajadores y pobladores.

Como pueden atestiguar los habitantes de Cadereyta o los Tabasco o los de Veracruz, Pemex es hoy una de las empresas petroleras que más accidentes ambientales provocan en el mundo. La falta de mantenimiento, la obsolescencia del equipo y la prepotencia y descuido de los funcionarios de la empresa han propiciado una dramática contaminación rural y urbana.

La agricultura industrial de exportación, en especial la dedicada a la producción hortícola que demanda uso intensivo de agua profunda, ha provocado el abatimiento de los mantos freáticos y graves enfermedades de los pobladores asociados al hidroarsenisismo. Severos problemas de salud y contaminación de los acuíferos son propiciados por los desechos de grandes consorcios porcícolas en Perote, Veracruz, en La Piedad, Michoacán, y en la península de Yucatán.

Por todo el país, en nombre del derecho a la vivienda, la urbanización salvaje avanza sobre tierras de cultivo fértiles. Las manchas urbanas crecen sin control. El pavimiento se extiende sin freno, impidiendo la recarga de los acuíferos. Los proyectos inmobiliarios devoran insaciables el agua de pueblos y comunidades y engullen zonas arboladas. Sus pozos terminan desecando campos de cultivo y poblaciones rurales.

La contaminación del río Santiago es emblemática de lo que sucede en otros parques industriales. Allí unas 260 empresas descargan sus desechos y la zona metropolitana de Guadalajara, desechos, fecales. La combinación es letal. En sus aguas puede encontrarse un coctel fatal de metales pesados. En el hálito de la cascada El Salto flota benceno, un gas cancerígeno.

El desastre hídrico que vive el país ha provocado múltiples protestas sociales. Tal como hoy sucede en Sonora con los afectados por el Grupo México, en todo el territorio se han formado movimientos contra el envenenamiento del agua a manos de grupos empresariales y en rechazo a la complicidad gubernamental que la acompaña. La lucha por el agua es, antes que nada, la lucha por la salud y por la vida.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/09/02/opinion/025a2pol