El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cesó a su alto mando militar tan solo semanas antes de la jubilación de estos, en un gesto mayormente simbólico con el que pretende enviar el mensaje de que no permitirá ninguna desobediencia por parte de las Fuerzas Armadas. 

La decisión fue tomada luego de que un órgano supervisor descubriese que los militares le habían vendido al Ministerio de Ambiente unas parcelas de tierra en un precio excesivo, por más de 40 millones de dólares. Cuando Correa exigió que reembolsasen el dinero, la cúpula militar se dirigió a los medios de comunicación para quejarse de que sus pensiones se verían mermadas. 

“Yo soy el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no permitiré que nadie me desobedezca”, declaró Correa, un día después de los despidos, y enfatizó:“No permitiré    que se vuelvan a las prácticas del pasado”. 

Con respecto a estas “prácticas del pasado”, Correa, ciertamente, tiene razones históricas para estar preocupado. 

Durante su propio mandato presidencial, Correa presenció un intento de golpe perpetrado por las Fuerzas Armadas; un precedente con el que los enfrentamientos actuales guardan un parecido notable. 

No obstante, en 2010, en lugar de militar, hubo una revuelta por parte de la fuerza policial que amenazó con derrocar al presidente electo.  

Así como el alto mando militar habló con la prensa para acusar al gobierno de recortar su fondo de pensiones – a pesar de que estos están garantizados por la Constitución - , los comandantes de alto rango de la fuerza policial rechazaron la Ley de Servicio Público e incitaron públicamente a los oficiales para que hicieran una huelga por lo que ellos consideraban que eran unos recortes salariales. 

El presidente ecuatoriano fue a visitar las principales barracas de la policía en la capital, Quito, con la esperanza de poder explicarle a los oficiales que el gobierno, en realidad, había aumentado sus salarios. En los acontecimientos que siguieron, varias personas murieron y cientos resultaron heridas, al mismo tiempo que policías y militares cerraban carreteras, aeropuertos e incluso la Asamblea Nacional. El propio Correa se vio obligado a buscar refugio en un hospital, de donde no se le permitió la salida hasta que fue liberado horas después, esa noche. 

En 2014, la fiscalía llegó a la conclusión de que el intento de golpe había sido un conjunto de eventos planificados. 

Tan solo una década antes, el presidente Jamil Mahuad fue derrocado a través de un golpe militar, y reemplazado por su vicepresidente, Gustavo Noboa. Con el respaldo de la organización indígena Conaie, la conspiración fue conducida por personal militar de distintos rangos, cuyo superior era el Coronel Lucio Gutierrez. 

Una crisis financiera que dio lugar a que se redujese el financiamiento a las fuerzas armadas y una población cansada de un sistema corrupto crearon el escenario propicio para una intervención militar. 

Lucio Gutierrez, el presidente de Conaie, Antonio Vargas, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, formaron una especie de triunvirato, conocido como el gobierno de “salvación nacional”, y mantuvieron un estrecho contacto con Estados Unidos.  

Durante la administración de Noboa, se le concedió la amnistía a las fuerzas armadas involucradas en el golpe. 

En 1981, Jaime Roldós, presidente popular entre las clases más bajas por sus reformas sociales, murió, junto con todos los que iban a bordo, cuando su avión se estrelló contra una montaña.

La explicación oficial citó fallo por sobrecarga como motivo del accidente.

Pero en su libro Confesiones de un sicario económico, publicado en el año 2004, el escritor estadounidense, John Perkins, sugiere que Roldós en realidad fue asesinado debido a su plan de revisar el sector de hidrocarburos; plan que habría puesto en peligro los intereses de Estados Unidos.

El periodista ecuatoriano, Jaime Galarza Zavala, llevó la teoría aún más lejos y presentó evidencias de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas estaban involucradas en el accidente. Zavala declaró que el avión de Roldós – cuyos motores se habían detenido al impactar con la montaña – fue derrumbado por un misil disparado por un avión militar ecuatoriano.

Poco después de la muerte de Roldós, el entonces presidente de Panamá, Omar Torrijos, murió en otro supuesto accidente de avión que muchos consideraron, incluyendo Perkins, un asesinato organizado por la CIA.

A juzgar por las lecciones del pasado, no sería insólito que por parte del ejército ecuatoriano hubiese un intento de desestabilizar el gobierno. Ecuador no ha sido gobernado bajo el mando militar en la medida de otros países de Latinoamérica, y su pueblo tiene toda la razón al querer mantenerlo de esa manera.