Zapotecos denuncian a trasnacional por violar DD.HH.
France.
La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, en el istmo de
Tehuantepec, en Oaxaca, México, denunció ante la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) las
violaciones a los derechos cometidas por la trasnacional Electricité De
France (EDF Group).
La compañía pretende instalar el parque eólico Gunaá Sicarú con 115
aerogeneradores en una de las regiones más complejas y diversas de
México.
Las tierras pertenecen a la comunidad zapoteca que desde
comienzos de 2017 recaba evidencias sobre la inminente instalación del
parque en un territorio rico en recursos naturales, con regiones prioritarias
definidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio).
Comunidad zapoteca presenta queja contra estatal francesa en la OCDE https://t.co/hXTgVjmUwd #Oaxaca #OaxacaLoTieneTodo #OCDE #Istmo #Juchitan #CNI pic.twitter.com/6zXDNLrJA0
— Avispa Midia (@Avispa_Midia) 13 de febrero de 2018
El Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC)
apoya a la comunidad y su coordinador en el Área de Justicia
Trasnacional, Juan Antonio López, explicó que la comunidad constató el
avance y desarrollo del proyecto francés sin la realización de una consulta
indígena para obtener su consentimiento y sin su participación en la
planeación del parque.
"Sabemos cómo nos están golpeando las empresas trasnacionales y por eso debemos de seguir unidos", dijo recientemente la defensora comunitaria indígena Guadalupe Ramírez al participar en el 6o. aniversario de la Asamblea Popular de San Dionisio del Mar. https://t.co/zZaktsDzOw https://t.co/NjZepnxGSM
— Codigo DH (@CodigoDH) 13 de febrero de 2018
López resaltó que estas acciones atentan contra el derecho humano a la
consulta y al consentimiento previo, libre e informado, además crean
condiciones propicias para nuevas afectaciones contra la comunidad y los
activistas por el medioambiente.
>> México y EE.UU. ahondan cooperación contra el tráfico de drogas.
Explicó que según las normas de la OCDE, a las que el Estado francés
aseguró apegarse, las empresas deberán respetar los derechos humanos
reconocidos internacionalmente, facilitar a las partes interesadas
posibilidades reales de participación para planificar y tomar decisiones
relativas a los proyectos u otras actividades y abstenerse de interferir con
actividades políticas locales.