Los ataques a sedes del partido político oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) han sido noticia durante la campaña para las elecciones del próximo 21 de octubre en Bolivia, asociados a la grave situación de incendios forestales en la Chiquitania.

Durante la campaña, se ha producido diversos enfrentamientos como el ocurrido el pasado miércoles en una localidad rural del departamento de La Paz ante una sede del MAS, que derivó en el lanzamiento de cartuchos de dinamita y el incendio de una comisaría de Policía.

Asimismo, la situación en la Chiquitania ha generado un debate aprovechado por focos interesados en perjudicar la estabilidad en la nación.

Violencia opositora en elecciones

Para el presidente, Evo Morales, estos ataques cuentan con un sentido desestabilizador de cara a los próximos comicios de octubre en el país.

"Como las Fuerzas Armadas no pueden sumarse al golpe de Estado, usan a jóvenes pagados para atentar contra las campañas del MAS (…) ¿Quiénes son los antidemócratas en Bolivia? ¿De dónde vienen y qué preparan?", sostuvo Morales tras los hechos de violencia más recientes.

El nivel de violencia de los disturbios solo es comparable a las manifestaciones convocadas durante el intento de golpe de Estado de 2008, en el que fue considerado que hubo financiamiento por parte de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) a los partidos y organizaciones no gubernamentales que protagonizaron el frustrado golpe.

Existen precedentes regionales gestados de manera similar y que deben ser analizado para la comprensión e identificación de los sucesos en Bolivia.

Inicialmente se presenta a Venezuela como un referente obligatorio, tanto por las operaciones combinadas de desgaste y ultraviolencia callejera durante los tres meses de "guarimbas" (protestas violentos) en 2017, como por los mecanismos que implementó el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para desarticular estos focos de violencia.

Sin embargo, el suceso que pretende detonar el conflicto en Bolivia recuerda a otra operación ejecutada más recientemente contra el sandinismo en Nicaragua.

En 2018, un incendio provocado en la reserva biológica Indio Maíz consumió 5.400 hectáreas de una de las principales zonas de selva tropical centroamericana.

Pese a que el Gobierno de Daniel Ortega decretó alerta amarilla, desplegó 1.500 efectivos militares, nueve medios aéreos, 17 medios navales, aceptó la ayuda internacional y determinó a los responsables del incendio forestal, se produjeron una serie de protestas violentas en el apogeo de esta situación.

Este escenario dio pie a imágenes simbólicas del movimiento, ONG y caras nuevas que encubrieron los intereses transnacionales implícitos. Cabe destacar que estas plataformas de la "protección ambiental" que cubrieron la logística de los movimientos armados en 2018, fundamentan su existencia debido a proyectos de desarrollo industrial que, amenazan la prevalencia de EE.UU. como ente hegemónico en la región.

Instituciones similares de EE.UU. que promovieron a los líderes de la revolución de colores contra el sandinismo, salen a relucir ahora en Bolivia. Por lo que para estos promotores del acoso al Gobierno boliviano, el teatro de operaciones de la Amazonía ha favorecido el escenario ideal.