Víctimas de Sacaba y Senkata marchan rumbo a La Paz, Bolivia
Reclaman que se aceleren los procesos contra militares y ministros de facto que asumieron tras el golpe de Estado en 2019.
Un centenar de familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), perpetradas en noviembre de 2019 durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, iniciaron este martes una marcha en demanda de justicia entre la localidad de Caracollo (Oruro) y la ciudad de La Paz.
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En declaraciones a la televisora pública local, una de las representantes de las víctimas de Senkata, Marisol Rodríguez, expresó que la marcha de 192 kilómetros une en una sola voz a víctimas de ambos hechos de represión.
Los participantes piden “una aceleración de los procesos contra los militares, contra los ministros que en su momento estaban en el Gobierno, también la señora Áñez”, dijo Rodríguez, quien recalcó que “tiene que haber justicia para los hermanos caídos, heridos y también torturados del 2019”.
Partió de Caracollo, a 192kms. de la ciudad de La Paz, la marcha de familiares de víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba. Desde nov2019 exigen justicia. Agradecieron la hospitalidad de los pobladores de Caracollo. @teleSURtv @ConexiontlSUR pic.twitter.com/yVp4UpWl5T
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) October 19, 2021
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba), Roberto Jucumari, expresó que “la lucha continúa y para eso estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
Los organizadores de la marcha, prevista para concluir dentro de ocho días, también reclaman que se implementen las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la reparación a las víctimas y la no repetición de estos hechos.
En agosto pasado, el GIEI presentó un informe sobre los incidentes de violencia acontecidos durante la crisis política de 2019 y el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
Al referirse a la represión en Sacaba (15 de noviembre de 2019) y Senkata (19 de noviembre de ese año), dirigida contra manifestantes que se opusieron al golpe de Estado, los expertos concluyeron que las fuerzas de seguridad vulneraron los derechos humanos, cometieron masacres con armas letales, realizaron ejecuciones sumarias e hicieron uso excesivo de la fuerza.
Estos hechos dejaron un saldo de 20 víctimas mortales y cerca de 200 heridos, y en aquel entonces fueron condenados por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).