El Gobierno venezolano manifestó este jueves su rechazo a la decisión de la Corte Penal Internacional de iniciar un "Examen Preliminar" a los hechos violentos suscitados desde abril hasta julio de 2017 en el país suramericano, los cuales fueron organizados, convocados y financiados por sectores de la oposición venezolana, con la finalidad de derrocar al presidente electo democráticamente Nicolás Maduro.

Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno venezolano cuestionó la ausencia de un documento oficial por parte de la fiscal de la Corte que informara al Estado la decisión impuesta y que en cambio haya sido a través de información difundida que lograran informarse de los infundados alegatos.

"La República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que otorga preeminencia a los derechos humanos tal y como lo consagra nuestra Constitución", cita la misiva publicada por la Cancillería venezolana.