La oposición política en Uruguay interpeló al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por la adjudicación de la construcción de una planta potabilizadora a capitales privados, en el departamento de San José.

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El miembro del Frente Amplio, Filipe Carballo, señaló que el recurso vital es propiedad del Estado, por lo cual el Proyecto Neptuno -como se denomina a la iniciativa desde el Gobierno- es inconstitucional.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Diputados, Gonzalo Civila, expresó que el proyecto que impulsa el referido ministerio respecto a la potabilizadora es “muy negativo” para el país y una “mala solución”, generadora de otros problemas.

Aseguró que se trata de “un proyecto en que se prevén efectos ambientales adversos, rechazado por muchas organizaciones sociales, que tendría un efecto sobre el territorio donde se va a desarrollar y no resolvería el problema de fondo, en una zona donde hay eventos de salinidad”.

Según el diseño concebido para la infraestructura, dicha planta potabilizadora tomaría el agua del Río de la Plata para distribuirla en Montevideo y la zona metropolitana.

La iniciativa, además de introducir capitales privados en la gestión del recurso uruguayo, costaría el triple de proyectos similares estudiados anteriormente.

Legisladores opositores indicaron que la medida cuenta con el rechazo de la academia y de diversos sectores sociales, como el Sindicato de la Empresa Pública de Agua.

Estos acudieron al Parlamento a manifestar su posición y recordaron que la ciudadanía presentó un plebiscito en 2004 por preservar el agua como un recurso monopólico del Estado.