En un emotivo acto celebrado el jueves en la capital uruguaya, el Ejecutivo de ese país asumió la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los gobiernos dictatoriales durante la represión militar desatada entre 1973 y 1985.

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Esta decisión es una respuesta a la acusación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenara al Estado uruguayo por los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, las llamadas "muchachas de abril" así como la desaparición de Luis Eduardo González y Oscar Tassino.

Encabezado por la vicepresidenta uruguaya, Beatriz Armigón, en el Congreso del país, se reconoció el significado de estos crímenes, así como el reconocimiento de la política de represión y terrorismo de Estado de aquellos años.

Asimismo, fue un homenaje a las víctimas y a sus familiares que mantuvieron viva la memoria de sus seres queridos aún sin saber cuál fue su paradero. Además se habló de las reparaciones para las víctimas y de la necesidad de obtener justicia por medios auténticos que lleven a juicio a los verdaderos culpables.

Según un comunicado divulgado en redes sociales, los familiares reclamaron mayor compromiso de las Fuerzas Armadas y del gobierno nacional para obtener más información sobre el paradero de los desaparecidos, antes y después del golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Esta es la segunda oportunidad que se condena al estado uruguayo por crímenes cometidos durante la dictadura militar y sentenciado a tomar medidas de reparación como continuar las investigaciones, dar tratamiento psicológico a familiares de las víctimas y realizar un acto de público reconocimiento.

El pasado 21 de abril se conmemoraron 49 años de que efectivos del ejército y la policía masacraron a Silvia Reyes, embarazada de 19 años de edad, junto a sus compañeras, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología.

En diciembre de 1974 secuestraron al joven de 22 años Luis Eduardo González, quien murió por las torturas recibidas. El 19 de julio de 1977 arrestaron a Óscar Tassino, empleado de la empresa eléctrica UTE y militante del Partido Comunista. Murió a los 40 años de una golpiza en el centro clandestino de La Tablada.

Los familiares de las víctimas hicieron patente su decepción y cuestionaron la ausencia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien delegó en la vicepresidenta Armigón por encontrarse de visita en Estados Unidos.