La central sindical de Uruguay rechazó este miércoles el rastreo al margen de la ley de que fue víctima su presidente, Marcelo Abdala, por el exjefe de la seguridad presidencial del Gobierno de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, para lo cual utilizó el sistema de vigilancia del Ministerio del Interior.

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En un comunicado, el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)manifestó que esa práctica “vulnera las garantías individuales y las libertades públicas, y pone en entredicho la calidad democrática del Uruguay”.

Horas antes, la prensa local publicó audios en los que Astesiano, exjefe de seguridad del presidente, Luis Lacalle Pou, informa al secretario privado del mandatario, Nicolás Martínez, sobre un accidente de tránsito protagonizado por Abdala en Punta Carretas, al sur del país, en 2022.

Además de información sobre el hecho, Astesiano envió a Nicolás Martínez un audio en que llama a Abdala “hijo de puta” y dice que “hay que matarlo”.

Ante los hechos de pública notoriedad vinculados a pesquisas ilegales en democracia, adjunto comunicado oficial de nuestro @PITCNT1 pic.twitter.com/L1fma5ZWXN

— Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) February 1, 2023

En su declaración, el PIT-CNT apuntó que se utilizaron “los recursos y los instrumentos del Estado con una finalidad espuria”, pues este seguimiento “tenía la clara intencionalidad política de perjudicar a los involucrados”.

Refirió que “el uso del aparato estatal para amedrentar y perseguir a ciudadanos, adversarios políticos y activistas sociales” alude a la época de la dictadura.

Calificó como muy grave estos hechos y anunció que evaluará “las acciones políticas y/o jurídicas a nivel nacional e internacional necesarias para la defensa de la democracia, la República y las libertades”.

En febrero de 2022, Abdala protagonizó un accidente de tránsito en que se le comprobó alcohol en sangre y fue penalizado con trabajo comunitario.

Astesiano fue detenido en septiembre pasado. Desde entonces permanece en prisión preventiva y, de acuerdo con medios locales, cuenta con más de 20 indagatorias por diversos delitos.

Entre otros, ha sido imputado por un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor, uno de asociación para delinquir en reiteración real y uno de tráfico de influencias.

Además, la Fiscalía lo investiga por su presunta participación en una organización que adulteraba documentos para elaborar pasaportes uruguayos. En este caso ya hay un imputado, el ciudadano de origen ruso Roman Karpov.

Al momento de su detención, el presidente Lacalle Pou declaró haberse enterado en ese momento de que su jefe de seguridad operaba un esquema de seguimientos ilegales.