Profesores, alumnos, y personal de administración de la Universidad de Panamá marcharon este miércoles hasta la Corte Suprema de Justicia de ese país para exigir el fallo de inconstitucionalidad de la ley 406.

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El rector de la casa de altos estudios, Eduardo Flores, dijo que los manifestantes también tienen la intención de entregar una carta abierta, dirigida a las autoridades, en la que argumentan por qué es inconstitucional el contrato con Minera Panamá, empresa sucursal de la canadiense First Quantum Minerals.

En el documento se señala que “el procedimiento legislativo seguido para la aprobación de este contrato-ley infringe la normativa constitucional” ya que este solamente puede ser “aprobado o rechazado”, “no existe facultad para devolverlo a efecto de que se realicen modificaciones a su contenido como aconteció”.

En la carta se denunció que “el contrato, contenido en la ley 406, viola las normas constitucionales sobre el régimen ecológico que obligan al Estado a garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación”, en referencia a que la zona concedida para esta explotación minera está dentro del Corredor Biológico Mesoamericano.

En el texto se argumentó que se trata de la mina de cobre más grande a cielo abierto de Centroamérica, así como que "atenta contra el derecho humano de los panameños de vivir en un ambiente sano e implica el abandono del Estado panameño de la protección, la preservación y el mejoramiento de ese medioambiente”.

Para terminar, a través del documento se instó a la Corte Suprema a que se “pronuncie de manera oportuna y en derecho, pero también de conformidad con los argumentos trazados por la gran mayoría del pueblo panameño a favor de la inconstitucionalidad e inconveniencia de referido contrato minero”.