El Tribunal Supremo de España se negó a conceder cualquier tipo de indulto, total o parcial, a los 12 líderes separatistas de Cataluña condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia.

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Los independentistas fueron acusados tras el proceso de independencia de Cataluña ocurrido en 2017 que concluyó con la convocatoria a referéndum de autodeterminación y luego la declaración unilateral de independencia, que fue rechazado por el Gobierno español, que emprendió acciones legales.

De acuerdo con el informe preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno español, dado a conocer por la Sala de lo Penal de este ente, se rechaza la concesión de la medida de gracia, pues sería vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados los 12 líderes políticos y sociales y que, además, no existen pruebas o indicios de arrepentimiento.

Los argumentos de las distintas peticiones de indulto realizadas, según los magistrados desenfocan el sentido del indulto al dibujar una responsabilidad penal colectiva y que pretende que el Gobierno corrija la sentencia del Tribunal Supremo y no aprecia razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificaría la concesión de la medida de gracia.

El Ejecutivo nacional es el que tiene potestad para conceder indultos. Ese tema está sobre la mesa del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, quien tiene previsto resolver el asunto en verano, al tiempo que haya estudiado los informes del Tribunal Supremo y la Fiscalía, ambos en contra de que se apruebe la medida.

Las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta no tienen justificación “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”, de acuerdo con el informe redactado por el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

Igualmente, agrega que los penados “no comparten ni se identifican con los valores sociales hegemónicos” y calificó el proceso separatista como “engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”.

Asimismo, enfatiza que en los mensajes de los condenados se evidencia “su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática”.

De esta forma, Marchena resalta que estas declaraciones articulan "una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales".