El periodo de alegatos de las primeras tres demandas de inconstitucionalidad contra de la Ley 406 termina hoy en la Corte Suprema de Justica de Panamá, el juicio que enfrenta al Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A busca anular el contrato avalado por el presidente panameño Nito Cortizo.

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Según se recoge la primera demanda de inconstitucionalidad se presentó el 23 de octubre por el abogado Juan Ramón Sevillano y el pasado 8 de noviembre después de admitido el proceso comenzó la fase de alegatos.

A partir de este viernes el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se declarará en sesión permanente para debatir los diferentes alegatos hasta que se encuentren en condiciones de emitir su decisión.

El procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, planteó ante la CSJ que las funciones de la Asamblea Nacional era solamente la de aprobar o desaprobar el proyecto de ley del nuevo contrato y no sugerir modificaciones a estas, para que el Ejecutivo las enmendará y la volviera a presentar.

Según Caraballo esto viola la Constitución de Panamá, además de que el entonces proyecto de ley no se sometió a una consulta popular, medida establecida en la ley del país.

Por otro lado, la Minera Panamá representada por la firma de abogados Morgan y Morgan declaró que Ley 406 no viola la constitución ya que plantearon que el representante del Ministerio Público desconocía que el contrato fue el resultado de arduo proceso de negociaciones.

En el día de ayer estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad de Panamá (UP) marcharon hacia la CSJ para expresar su rechazo a la Ley 406 y entregar una carta abierta que establece el porqué de la inconstitucionalidad del contrato minero.