Organizaciones de la sociedad civil venezolana consideraron positivo el informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, que concluyó que el bloqueo de Estados Unidos y la Unión Europea ha tenido efectos devastadores  en la alimentación, salud y educación del país suramericano.

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En un texto, a nombre de 82 organizaciones de la sociedad civil venezolana, expresan que la visita de la representante del organismo multilateral tiene lugar en el "contexto de recrudecimiento de las agresiones por parte de la saliente administración del gobierno de los Estados Unidos".

Estas agresiones son dirigidas contra sectores sensibles de los servicios públicos esenciales y de la economía del Estado venezolano", lo cual, a juicio de tales organizaciones generan "vulneraciones en el disfrute de derechos humanos de la población". 

Los representantes de la sociedad civil aluden a "una serie de encuentros" que Alena Douhan sostuvo "con diversos actores de la vida política, social y económica del país, para recopilar datos y emitir un informe de primera mano sobre el impacto que ha tenido la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales sobre la población de Venezuela".

En atención al propósito de esa visita y las organizaciones señalan que "esas medidas coercitivas unilaterales se han venido intensificando de manera sistemática contra la población civil durante estos últimos años y no han cesado ni siquiera en el marco de la pandemia mundial de la Covid-19, generando pérdidas económicas por más de 113.000.000.000 millones de dólares". 

Denuncian, asimismo, que "durante el último año, el gobierno estadounidense y la Unión Europea, junto a sus aliados, han incrementado sus agresiones contra Venezuela, comprometiendo las capacidades de respuesta del Estado venezolano ante las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria global que representa el virus SARS-CoV-2" y enumeran algunos de las dificultades al respecto.

Los firmantes recuerdan que "estas medidas violan el derecho internacional, ya que son aplicados con efectos extraterritoriales y afectan la soberanía del Estado venezolano y los derechos e intereses de las entidades o personas bajo su jurisdicción".

En nombre del pueblo venezolano rechazan "una vez más toda acción dirigida a menoscabar su voluntad y derechos a través de presiones económicas e intentos de desestabilizar la democracia que existe en Venezuela por parte de las potencias imperialistas del mundo". 

Instan, por último, a "calificar el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto sobre Venezuela como una violación masiva y grave a los derechos humanos de la población venezolana" y a "concluir que en el caso venezolano, las medidas coercitivas unilaterales constituyen la comisión de un delito de lesa humanidad y exigir establecer las responsabilidades de las altas autoridades de los Estados que han promovido el bloqueo contra nuestro país".