El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), de Panamá, rechazó este jueves las amenazas que profirió la víspera el presidente Laurentino Cortizo a propósito de las protestas y manifestaciones promovida por ese gremio contra el contrato minero.

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En ese sentido, anunciaron que presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  para que le ordene al Gobierno panameño garantizar el derecho a la asociación y manifestación, en especial a los 14 miembros de la junta directiva.

En la demanda ante la CIDH, el gremio señala que tanto el mandatario Laurentino Cortizo, como el ministro de  Seguridad, Juan Manuel Pino, han manifestado que el sindicato tiene "agendas ocultas y que buscan desestabilizar el país."

En consecuencia, el Suntracs solicita a la Comisión que el Estado panameño adopte las medidas para garantizar el libre ejercicio del derecho de manifestarse en el país.

Las amenzas de Cortizo y su Gobierno llegan luego de que la víspera la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) y dirigentes de algunos de otros bastiones de lucha de los grupos originarios ejecutaran un cierre total por 24 horas de manera continua a nivel nacional este jueves 16, acción que anunciaron repetirían el lunes 20 de noviembre.

Desde el pasado 23 de octubre, organizaciones sociales, sindicatos, profesores y habitantes en general se manifiestan en contra del contrato, ratificado por el presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), el cual le otorga la concesión, por 20 años prorrogables, para explotar casi 13.000 hectáreas en Coclé del Norte, provincia de Colón, donde devastaría bosques tropicales que hacen parte del Corredor Biológico Mesoaméricano.

Medios locales reportan que, hasta el pasado fin de semana, se ha registrado la detención de más de 1.000 personas participantes de las protestas. Entre ellos, destacan, se encuentran 134 menores de edad. Según reportes oficiales, los detenidos son acusados de vandalismo, daños a la propiedad y otras faltas administrativas.

Las protestas se mantienen a la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad de dicha ley. Para noviembre, las movilizaciones han ido en aumento para exigir que el presidente llame a sesiones extraordinarias de la Asamblea de Diputados y presente la derogatoria de la Ley 406.