El Senado de Bolivia aprobó este martes la llamada "ley de arraigo", cuyo propósito sería obligar a las autoridades de los tres niveles del Estado a que permanezcan en el territorio nacional tras concluir su mandato, para rendir cuentas.

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El todavía proyecto de ley de apenas cuatro artículos y una disposición final pasó ahora a la Cámara de Diputados la cual deberá pronunciarse al respecto en las próximas semanas.

La normativa aprobada, según detalla el propio sitio web del Senado, obligará al "arraigo" (permanencia) para los cargos de presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales y todo un amplio listado de mandatarios que administran recursos fiscales.

Quienes incumplan la ley, de ser aprobada, serán responsables penalmente, según precisa el artículo tres del proyecto normativo que ahora debe ser revisado por la Cámara de Diputados y se encarga a la Controlaría General, las medidas migratorias correspondientes.

El proyecto de ley ha sido impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS), cuyos legisladores sostienen que con su aprobación y entrada en vigor se impedirá la huida de país de parte de autoridades que hayan cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, en clara alusión al actual Gobierno de facto.

Bolivia vive una crisis institucional desde que un Golpe de Estado desalojó del poder al presidente constitucional Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y las elecciones presidenciales han sido pospuestas en tres ocasiones.