Este 8 de marzo la Orden Ejecutiva 13.692 que declaró a Venezuela como "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos (EE.UU.), cumple cuatro años de su entrada en vigencia.

Desde entonces, seis órdenes ejecutivas adicionales; 87 sanciones individuales; 32 a entidades del Estado venezolano; más restricciones impuestas en el ámbito petrolero y el sistema financiero mundial, han buscado asfixiar la economía de la nación suramericana para propiciar un escenario de inestabilidad política y social.

Sanciones y bloqueo a Pdvsa

Con el objetivo de derrocar al Gobierno constitucional de Venezuela, la administración del presidente Donald Trump intenta desde 2017 afectar el normal desempeño de la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos del país.

El 24 de agosto del año 2017 la Orden Ejecutiva 13.808 promulgada por el mandatario de EE.UU. bloqueó la emisión de nuevos títulos de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), al tiempo que cerró la posibilidad de continuar negociando en bancos norteamericanos los bonos anteriormente emitidos. Asimismo, prohibió el pago al Estado venezolano de los dividendos y operaciones de capital asociadas a Citgo Petroleum Corporation, filial estadounidense de Pdvsa.

������Pdte @NicolasMaduro: He dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, @MQuevedoF, de iniciar las acciones políticas y legales ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad y la riqueza de Citgo.pic.twitter.com/axGMKWA1q7

— PDVSA (@PDVSA) 19 de febrero de 2019

¡Que nadie se deje engañar! La oposición venezolana y el gobierno de los EE.UU. no desean ayudar al país, todo contrario, ansían nuestros recursos naturales. Quieren desatar “La Guerra del Petróleo” para invadir y dominar a nuestra Patria. ¡Fracasarán! pic.twitter.com/kc7nGkmLBu

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 6 de marzo de 2019

Recientemente, en abierta agresión a la economía y profundizando el cerco sobre la empresa petrolera estatal, el 28 de enero de este año una nueva Orden Ejecutiva (13.857) bloqueó 7.000 millones de dólares en activos de Pdvsa. Además, suspendió la compra de crudo venezolano a futuro con un impacto estimado de aproximadamente 11.000 millones de dólares en exportaciones de la renta petrolera con la que el Gobierno de Venezuela financia la seguridad social y adquiere alimentos y medicinas.

Ataque a la criptomoneda Petro

Otra medida unilateral del Gobierno de EE.UU. (Orden Ejecutiva 13.827) prohibió en marzo de 2018 a toda persona o entidad estadounidense transar con cualquier moneda digital venezolana, en esta oportunidad direccionado el ataque económico a la criptomoneda Petro para erosionar las bases del Estado venezolano.

El Petro es utilizado en Venezuela como moneda de cambio en su modalidad de criptoactivo, pero funciona también como una unidad de cuenta referencial para la fijación de escalas salariales, presupuestos y diferentes prestaciones sociales del Estado.

Medidas contra las exportaciones de oro

Buscando clausurar todas las fuentes de posible financiamiento de Venezuela, desde el 1 de noviembre de 2018 Washington prohibió toda transacción financiera relacionada al sector aurífero.

En esta ocasión la Casa Blanca justificó la nueva arremetida argumentando un supuesto "saqueo a la riqueza de Venezuela" para alcanzar "objetivos corruptos".

Durante los primeros nueve meses de 2018, la nación suramericana percibió ingresos valorados en 900 millones de dólares en concepto de exportación de 23,62 toneladas de oro a Turquía.

¿Cómo impactan las sanciones la vida económica y financiera del país? pic.twitter.com/KPiJC4mMm8

— Misión Verdad (@Mision_Verdad) 20 de septiembre de 2017