El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó este miércoles que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña porque el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) "nunca lo aceptará", en medio de una tormenta política sobre el tema en el país europeo.

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La comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados tuvo lugar un día después de recibir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en la Moncloa quien representó las aspiraciones de los independentistas catalanes y le exigió a la máxima autoridad del Gobierno que permitiera la realización del referéndum.

Por primera vez, el jefe de Gobierno ha llevado los indultos al Congreso de los Diputados para su discusión. De acuerdo a su posición "no habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique la Constitución y se vote. Ya les digo que el Partido Socialista nunca jamás aceptará este tipo de derivadas".

Una semana después de conceder el indulto a los líderes del llamado "procés" y consciente del rechazo que ésta provoca en la mayoría de la sociedad española a partir de las encuestas, ha querido hacer una énfasis en el "espíritu de concordia" y rechazando las exigencias de los independentistas.

Por su lado el Partido Popular (PP) a través de su líder Pablo Casado acusó a Sánchez de negociar la soberanía con defensores de terroristas delincuentes y golpistas.

Casado, quien confirmó que su partido recurrió los indultos en el Supremo, finalizó su discurso pidiéndole de nuevo que dimita para que pueda "indultarle la historia".

La polémica con respecto a los indultos proviene, además de los intereses de cada partido, del rechazo que le ha hecho la población del país. 

De acuerdo a un sondeo realizado por la consultora Ipsos más de la mitad de los españoles se oponen a esta medida, aproximadamente un 53 por ciento, mientras que dentro de Cataluña el apoyo resulta mayoritario con un 68 por ciento.

La polémica sobre Cataluña se produce después que el Gobierno español indultó a nueve de los líderes catalanes que participaron en el proceso que llevó a la declaración unilateral de independencia de la comunidad en 2017, pero fue considerada ilegal por las autoridades jurídicas españolas que condenó a varios de  los políticos que promovieron la separación.

Al respecto, el Tribunal de Cuentas español reclama a decenas de exdirigentes regionales catalanes hasta 5.4 millones de euros por la promoción exterior del fallido proceso de independencia que culminó en 2017, informaron este martes fuentes judiciales.

El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar el gasto público, comunicó las cantidades a los abogados de los requeridos, entre los que se encuentran los expresidentes catalanes Carles Puigdemont (2016-2017) y Artur Mas (2010-2016).