El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque de El Salvador decidió este miércoles extender por seis meses la fase de instrucción del proceso penal contra los líderes de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).

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A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que si bien no logró fundamentar la acusación caso, el tribunal salvadoreño postergó la audiencia preliminar hasta febrero del año siguiente.

Los cinco líderes comunitarios han rechazado la imputación basada en un presunto asesinato a una mujer en el año 1989 durante el conflicto armado que tuvo lugar en la nación centroamericana hasta el año 1992.

“Dicha prórroga es innecesaria, porque hasta ahora la Fiscalía no ha presentado pruebas reales contra nuestros compañeros y difícilmente las tendrá alargando injustificadamente el proceso. Su única prueba son las declaraciones contradictorias de un testigo criteriado”, señala el comunicado de ADES.

A su vez, la organización apuntó que la decisión es “cruel” porque “prolonga el sufrimiento de nuestros activistas ambientales encarcelados en condiciones inhumanas, y el de sus familias que no saben nada de ellos desde el 18 de enero”.

Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, dio a conocer este jueves que avanza la implementación del cerco militar en Cabañas, donde habían sido arrestado alrededor de 15 personas.

La medida, justificada en la lucha contra las pandillas, política impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales y de derechos humanos.

“Un gobierno que aún no dice para dónde va en materia de seguridad en cuanto a la prevención, reinserción y resocialización es un régimen de terror”, señaló la jefa jurídica en seguridad de Cristosal, Zaira Navas.