Piden no aplicar auto de reelección presidencial en El Salvador
Desde la sociedad civil presentaron un escrito ante el TSE donde solicitó que abroguen la resolución 1-2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Unión Nacional Opositora (UNO) requirió este jueves al Tribunal Supremo Electoral (TSE) del Salvador declare como inaplicable la resolución de la Sala de lo Constitucional que habilita la reelección presidencial inmediata.
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El movimiento presentó un escrito ante la secretaría del TSE donde solicitó a los magistrados del organismo colegiado que abroguen la resolución 1-2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que se rechace la inscripción de la candidatura de Nayib Bukele.
La organización política demanda la resolución 1-2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reinterpreta del artículo 152 de la Constitución de la República, el cual prohíbe ejercer la presidencia a quien ocupe el cargo en el período inmediato anterior.
Rafael Garciaguirre, miembro de la Unión Nacional Opositora (UNO) restó relevancia a la reforma del Código Penal que en febrero hizo la @AsambleaSV y que estableció como fraude electoral la "obstaculización de candidaturas". pic.twitter.com/tTMKZZpUcw
— Revista Elementos (@RevElementos) July 20, 2023
Por la UNO, Rafael González Garciaguirre, declaró a los medios de comunicación que el artículo 77-A de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece “que todo tribunal de El Salvador está en la competencia de declarar la inaplicabilidad de toda disposición o norma que transgrede" la Constitución.
"Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral cumpla tanto lo que le manda Constitución de la República, la Ley de Procedimientos Constitucionales y demás cuerpos legales”, acotó.
El Tribunal Supremo Electoral es la última institución que podría detener eventualmente la candidatura de Nayib Bukele Ortez que debe inscribirse a partir del 13 de septiembre próximo.
La Unión Nacional Opositora alega la superioridad legislativa de la Constitución de la República, ante las reformas que realizó la Asamblea Legislativa al Código Penal del cual refirieron que una disposición de segundo orden aprobado por el Órgano Legislativo afirmó que hay Tratados Internacionales que los respaldan.