Diputados de El Salvador trasmitieron este jueves su apoyo a la iniciativa que solicita al Parlamento la ratificación del  “Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

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Al respecto, la asambleísta del movimiento Vamos, Claudia Ortiz, señaló que “se tienen denuncias de detenciones injustas, arbitrarias y violatorias a la dignidad de la gente” tras cumplirse cien días de la imposición del régimen de excepción por el Gobierno de Nayib Bukele.

Añadió que el gobierno “debe responder por qué siguen encarcelando a inocentes, por qué hay familias que no se les dice dónde están sus familiares detenidos arbitrariamente, por qué no se da una respuesta de parte del Estado para cuidar a la gente”.

La iniciativa de ratificar el protocolo internacional procura examinar la situación real de los que han sido detenidos en el marco del régimen de excepción, cuando se reportan múltiples violaciones a los derechos humanos.

La Fundación Cristosal apuntó que alrededor de 54 prisioneros han fallecido en instalaciones penitenciarias locales debido a la falta de atención médica, así como la escasez de insumos para atender sus afecciones.

A partir de ello, Ortiz denunció que los internos son tratados “como la peor basura” mientras enfatizó que “el Estado no está para tratar mal a las personas, para denigrar su integridad o para incluso permitir que fallezcan a manos del Estado”.

El Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobado en 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor en el año 2006.

Dicho documento busca promover la prevención ante las prácticas de tortura y maltratos en las instalaciones penitenciarias, a través de una serie de inspecciones periódicas por diversos organismos de DD.HH. independientes.