Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, miembros del colectivo salvadoreño Salvemos Valle El Ángel, exigieron este miércoles a la Sala de lo Constitucional que atienda la demanda de “inconstitucionalidad” presentada por el grupo el pasado año sobre "el derecho humano al agua".

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De acuerdo con el colectivo de Salvemos, la demanda sobre el convenio firmado entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y una empresa constructora fue presentada el 4 de octubre de 2019, sin embargo, "a la fecha no ha existido resolución alguna".

Asimismo, las organizaciones salvadoreñas aseguraron en su declaración que “la demanda relacionada fue presentada hace más de diez meses, lo que ha provocado la violación infraganti de la Constitución de la República durante todo este lapso de tiempo”, por lo que, “es evidente que no hay causa suficiente para que no exista, mínimamente, un examen de procedencia”.

En tanto, señalaron que el caso puesto a conocimiento del tribunal, no posee mayor complicación, “dado que únicamente consiste en la realización de un acto concreto, el cual ha sido ejecutado por una autoridad competente y que, con base en los principios del derecho humano al agua, esta situación resulta atentatoria de este derecho humano”.

Al respecto, el miembro del colectivo, Alejandro Henríquez, aseguró que “no es posible que la Sala de lo Constitucional esté resolviendo casos más complejos fáctica y jurídicamente como el del régimen de excepción durante la pandemia y esté dilatando un proceso en el que ya existe legislación y jurisprudencia abundante”.

En junio de 2019 ANDA renovó la factibilidad a la empresa inmobiliaria Urbánica, propiedad de la familia Dueñas, una de las más poderosas del país. Con este convenio se les permitía explotar el agua de la zona norte de San Salvador, a través de la construcción de pozos de abastecimiento al megaproyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, que tendría cerca de 8.000 viviendas, edificios de oficinas y centros comerciales.

Ante esta situación, las organizaciones integrantes del colectivo Salvemos Valle El Ángel presentaron el 4 de octubre de 2019 en la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra del convenio.