Reclusos en huelga llegan a acuerdo con autoridades colombianas
El Movimiento Nacional Carcelario de Colombia informó este jueves en un comunicado público que los 1.300 privados de libertad de la Penitenciaria de Valledupar levantaron una huelga de hambre y el cese de actividades que iniciaron el miércoles en reclamo ante la violación de su derechos humanos.
Tras ser declarada la huelga, el director y comandante de vigilancia de La Tramacúa, Luis Perdomo, llegó al lugar acompañado de delegados de la Procuraduría y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Naciones Unidas (MAPP - OEA) para mediar en el conflicto con los presos políticos y sociales.
El encuentro sirvió de coto a la huelga de hambre que habían iniciado los recluidos, con una serie de compromisos que serán atendidos por las autoridades de la penitenciaria.
#DenunciaPública | COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA – PRESOS DE “LA TRAMACUA” SE DECLARAN EN HUELGA DE HAMBRE
— DerechosdelosPueblos (@equipojuridico) 27 de junio de 2018
El día miércoles 27 de junio del 2018, más de 1300 presos confinados en este centro de tortura hemos decidido declararnos en desobediencia.
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Esta cárcel de máxima y mediana seguridad está ubicada en Valledupar, en el norte de Colombia, con una capacidad para 1.600 internos.
Los privados de libertad afirman a través del comunicado que están siendo vulnerados sus derechos fundamentales, pues las condiciones de habitabilidad del reclusorio no son aptas.
Las celdas están diseñadas para albergar a dos privados de libertad, pero en la actualidad, aseguran, están siendo agrupados en tres personas por celda, lo que complica las condiciones de convivencia dentro del lugar.
Además, denuncian que el suministro de agua está disponible dos horas por día, un tiempo de suministro insuficiente ya que en la zona de Valledupar las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados centígrados.
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Asimismo, la misiva denuncia vejaciones por parte de los efectivos de seguridad que resguardan la cárcel.
La exigencias de los reclusos están ligadas a la mejora de su calidad de vida, alimentación, salud, habitabilidad de espacios físicos, al respeto de los derechos humanos y los beneficios estipulados en la ley colombiana que según el comunicado han venido siendo ignorados.
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