Sectores sociales de Guatemala realizan este 3 y 4 de noviembre la Gran Marcha por la Democracia anunciada por la Asamblea Permanente de los Pueblos Indígenas.

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En dicha movilización exigen que se respeten los resultados de las Elecciones Generales y solicitan la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

También demandan la separación de sus funciones de la fiscal de sección de la Región Nororiente, Cinthia Monterroso, y la del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana. A estos funcionarios los responsabilizan de intromisión en las elecciones para obstaculizar que se cumpla la voluntad popular expresada a través del voto y permitir que el país siga controlado por una élite corrupta.

El vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que las organizaciones esperan que las movilizaciones hagan presencia en Casa Presidencial, la Plaza de la Constitución, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, así como el edificio central del Ministerio Público (MP) en el Barrio Gerona.

Estas solicitudes se deben a las insistentes acciones de la fiscalía en contra del partido Movimiento Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre las que se incluyen allanamientos, así como requerimientos de información respecto al proceso electoral.

Ante esto, Guatemala vivió una crisis en la que se registraron bloqueos de carreteras continuos, durante más de dos semanas, en los 22 departamentos del país, como una protesta de la ciudadanía.