El foro público Dinámicas de Acaparamiento y Extranjerización de Tierras tuvo lugar en Bogotá, capital de Colombia, con el propósito de hacer un balance sobre la reforma agraria en Colombia, primer punto del acuerdo de paz firmado en La Habana, Cuba, entre las FARC EP y el Estado colombiano en 2017.

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Al evento, que es una iniciativa desde la academia liderada por la Universidad Javeriana, asistieron estudiantes, investigadores colombianos y extranjeros, funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la Agencia de Activos Especiales (SAE).

La SAE es una entidad encargada de administrar los bienes materiales incautados y expropiados a paramilitares, narcotraficantes y otros actores armados ilegales, como grandes haciendas y extensiones de tierra; y que ahora el Gobierno progresista de Gustavo Petro las entrega tituladas a los campesinos y a las comunidades étnicas que fueron despojadas de sus tierras por décadas, en el marco del conflicto armado interno.

 
Una de las primeras haciendas expropiadas por la SAE fue la Támesis, de 590 hectáreas, que le fue entregada a 70 familias despojadas de sus tierras por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, quien unió las pequeñas parcelas para construir una suntuosa propiedad, a sólo ocho kilómetros de Montería, la capital ganadera de Colombia.
 
Sobre el fenómeno del acaparamiento de tierras en el continente, teleSUR habló con la investigadora brasileña de la Universidad Estatal Paulista, Lorena Pereira.

‘’El acaparamiento de tierras es un proceso global que está situado en todos los continentes del globo, pero es en América Latina, sobre todo en América del Sur, que es muy fuerte y es un proceso histórico’’, destacó.

 
La profesora Pereira agregó que ‘’estos usos del territorios que el acaparamiento están relacionados causan efecto para las poblaciones sobre todo para las poblaciones campesinas, los pueblos originarios, el despojo, más que el despojo, pero también la desterritorización, que es la pérdida del territorio tanto material como inmaterial’’.
 
Por su parte, Elda Janeth Martínez, la presidenta de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina en Colombia ve con buenos ojos la voluntad de diálogo y negociación del Gobierno para sacar adelante una histórica reforma agraria que no ha podido pasar en Colombia.
 
‘’Podemos avanzar en un ejercicio de conversación entre el Gobierno nacional y el campesinado. Ha arrojado cosas sustanciales como incorporar muchas de estas cosas en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto como la asignación de presupuestos específicos para la implementación de la reforma agraria en el caso del trazador presupuestal, la comisión mixta de interlocución entre el campesinado y el Gobierno nacional y el referente del reconocimiento de las nuevas territorialidades como los territorios campesinos agroalimentarios, los territorios anfibios y el apoyo al fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesinas son unos baluartes importantes para la implementación de la reforma agraria integral’’, concluyó Martínez.

 
La reforma de tierras es el primer punto del acuerdo de La Habana y sólo se ha implementado en un siete por ciento, según el presidente Gustavo Petro, por la falta de voluntad política de su antecesor, el expresidente Iván Duque.

De acuerdo con el actual jefe de Estado colombiano, el exmandatario Duque dejó desfinanciada la implementación de la paz, debido a la corrupción de funcionarios, denunciados públicamente.