Un juez de Puerto Rico emitió órdenes de allanamiento contra el gobernador Ricardo Rosselló y otros 11 funcionarios gubernamentales vinculados a un chat en línea que provocó una crisis política sin precedentes en la isla.

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Casi 24 horas después de que cientos de miles de personas se movilizaron en forma pacífica para exigir la renuncia del gobernador, en una de las mayores protestas observadas en este territorio estadunidense, la justicia puertorriqueña busca registrar los celulares de los involucrados.

“Se confirma que ayer el tribunal autorizó órdenes  de registro y hoy se están diligenciando. Por ser una investigación en curso, no se emitirán comentarios adicionales”, sentenció en declaraciones escritas la portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Mariana Cobián.

Cobián no pudo precisar para quién, específicamente, iban dirigidas las órdenes de registro, de acuerdo con el diario El Nuevo Día.

El Departamento de Justicia citó el pasado miércoles a varios integrantes del chat de Telegram. 

Según informó Justicia, los 12 integrantes del chat deben entregar sus celulares como parte de la investigación que lidera la jefa de los fiscales, Olga Castellón con el apoyo de la División Técnica de Crímenes Cibernéticos.

Las manifestaciones se desataron luego que el Centro de Periodismo Investigativo filtrase 889 páginas de chats de la red social Telegram. 

En los mensajes difundidos hay conversaciones privadas entre Roselló y sus colaboradores que contienen mensajes misóginos, homófobos y hasta bromas por los muertos del huracán María, que dejó un saldo de casi 3.000 fallecidos en Puerto Rico.

Además del gobernador, entre los implicados en la conversación están el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; el entonces portavoz del gobernador ante la Junta Federal de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino; y los asesores en comunicaciones Carlos Bermúdez y Rafael Cerame. 

También el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el exasesor en asuntos legales, Alfonso Orona; el secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el exdirector de campaña de Rosselló, Elías Sánchez —identificado como ‘F do’— y el presidente de la agencia de publicidad KOI, Edwin Miranda.

La administración de Roselló también ha sido cuestionada por presuntos hechos de corrupción ante el desvió de más de 15 millones de dólares que estaban destinados a la salud y educación.