El juez federal de la ciudad de Dolores, en Argentina, Alejo Ramos Padilla, procesó este miércoles a varios exfincionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) por los delitos de espionaje ilegal y abuso de autoridad desarrollado en la provincia de Buenos Aires durante el mandato del expresidente de extrema derecha Mauricio Macri.

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De acuerdo al ente judicial, los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron presuntamente coautores de “acciones de inteligencia prohibidas” en contra de diferentes dirigentes políticos, miembros de organizaciones sindicales, lideres barriales, e inclusive infiltraron reuniones en escuelas de primer grado.

Padilla también responsabilizó en cargos judiciales a nueve funcionarios de la corriente política de Macri adscritos a la disuelta Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), quienes desde seis bases de operaciones llevaron a cabo tareas de espionaje ilegal en los años 2016 y 2017.

Asimismo, el ente detalló que los centros de inteligencia ilegal promovidos por los sectores políticos afines a Macri fueron ubicados en las ciudades de Pilar, Morón, Quilmes, San Martín, Ezeiza, y La Matanza.

“Las acciones aquí investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales, que se valieron de una de las áreas más sensibles del Gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos” puntualizó la resolución judicial emitida por Padilla.

El fiscal argentino manifestó que el plan orquestado se centró entre otros en las actividades políticas en Buenos Aires, región históricamente donde los sectores progresistas afines al peronismo realizan trabajo de base.

Se descubrió que los implicados irrumpieron en correos electrónicos, cuentas de redes sociales, conversaciones telefónicas para obtener información sobre el desenvolvimiento político de activistas de la izquierda política del país suramericano.

“Las organizaciones sociales y políticas opositoras a la administración fueron uno de los objetivos predilectos de la Agencia” agregó la nota judicial.

El juez señaló que “en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias” afirmó Padilla.