El presidente de Panamá, Laurentino  Cortizo, anunció el viernes su decisión de prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en el país, debido a la presión ejercida por las protestas populares que por una semana han denunciado la explotación de recursos nacionales por empresas particulares.

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La medida, rubricada a través de un decreto ejecutivo, responde al malestar provocado por una ola de protestas realizadas durante los últimos días por varios sectores populares que exigen derogar el contrato firmado recientemente entre el Gobierno y una empresa minera canadiense.

En un mensaje televisado el presidente Cortizo anunció que "serán rechazadas de plano todas las solicitudes de minería metálica nuevas y también aquellas que están actualmente en trámite" y añadió que la prohibición se hará efectiva a partir del propio 27 de octubre.

La normativa establece que quedarán rechazadas todas las solicitudes de nuevas concesiones para la "exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos" y define que el Ministerio de Comercio e Industrias dispondrá del archivo de estos expedientes dentro de un término de tres meses siguientes a su promulgación.

Durante su intervención, el mandatario hizo un "llamado a la tolerancia, respeto a la propiedad privada y pública", así como al diálogo, destacando que su gobierno es "de puertas abiertas". "Siempre estaré dispuesto a conversar", aseguró el jefe de Estado, quien convocó al Consejo de Gabinete para aprobar la firma del decreto N° 23 de 2023.

Tras la firma, Cortizo dijo que tomó la decisión "atendiendo a las distintas posiciones de la sociedad con relación al tema de la minería". "Como panameño comparto las preocupaciones ambientales con relación a la minería metálica, sin embargo, me tocó enfrentar un problema que viene desde hace 26 años y era necesario poner en cintura a la minera", ahondó.

En las calles y por quinto día consecutivo, miles de manifestantes marcharon para expresar su repulsa ante la ley aprobada por el gobierno nacional que otorga derechos de explotación de una mina de cobre a cielo abierto a una compañía canadiense, sin reparar en el nefasto impacto ambiental que esto provocaría.

El controvertido contrato entre las partes representadas por el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), quedó habilitado por el Parlamento el pasado 20 de octubre, como extensión de un acuerdo previo, firmado en 1991, con antecedentes de inconstitucionalidad.

A pesar del anuncio presidencial, las protestas continuaron, aunque han dejado un saldo de al menos 13 heridos y más de 100 detenidos en enfrentamientos con las fuerzas del orden, que han usado gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes.