Sentencian a prisión a asesinos de defensores ambientales en Perú
Instituciones celebran el fallo judicial luego de una década de impunidad en el denominado "caso Saweto".
La Corte de Ucayali, provincia al centro de Perú, sentenció este jueves a 28 años y tres meses de prisión a cinco traficantes de madera que, en calidad de autores o coautores, perpetraron el asesinato en septiembre de 2014 de cuatro líderes indígenas que eran reconocidos defensores de sus territorios.
LEA TAMBIÉN:
Fiscalía de Perú incauta Rolex al gobernador regional de Ayacucho
En el conocido como "Caso Saweto", el tribunal dictó la referida pena contra los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores (autores mediatos), y como coautores a los trabajadores Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix.
Los acusados tendrán la obligación, además, de pagar a los parientes de los líderes asesinados un total de 200.000 soles (54.000 dólares) como reparación.
#LoUltimo #CasoSaweto Colegiado de Corte de Ucayali dicta 28 años y tres meses de cárcel para José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, así como para los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, por delito de homicidio calificado en agravio de Edwin Chota y otros. pic.twitter.com/eJ1NMVko26
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 11, 2024
El texto de la acusación precisó que estos emboscaron y asesinaron el 1 de septiembre de 2014 a Edwin Chota Valera, jefe de la comunidad asháninka Tamaya-Saweto, y a los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez.
Al momento de quitarles la vida, los líderes viajaban a la comunidad de Apiutxa, en el estado brasileño de Acre. Esta comunidad también es de la etnia ashéninka y los líderes peruanos esperaban solicitar a sus parientes que los ayudaran a hacer frente a la tala ilegal de bosques.
De acuerdo con reportes de prensa, Chota había denunciado de manera enfática que en la región existía una mafia para traficar madera, que extraía de manera ilegal de territorios donde se asienta su comunidad, en Masisea, distrito ubicado en la provincia de Coronel Portillo.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) destacó que la sentencia puso fin a una década de impunidad. También lo hicieron los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Cultura, al valorar que es "un paso fundamental en la obtención de la justicia y lucha contra la impunidad para las familias de los defensores ambientales asesinados".
El próximo 23 de abril tendrá lugar la lectura integral de sentencia en el caso, considerado el crimen más horrendo en Perú contra defensores ambientales.