Mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2000 en Perú, en un programa del entonces presidente Alberto Fujimori, denunciaron el miércoles nuevas trabas para el avance de este proceso judicial, en este caso debido a un repentino cambio del juez encargado.

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Cuando las víctimas esperaban que el juez Rafael Martínez Vargas emitiera su veredicto preliminar de llevar o no a juicio penal a siete denunciados, entre ellos Fujimori, el Poder Judicial sorpresivamente lo sacó de la causa y designó en su lugar al magistrado Littman Ramírez Delgado.

El fiscal Pablo Espinoza había presentado los cargos ante el tribunal en marzo pasado. Y desde septiembre, a lo largo de ocho audiencias, el juez Martínez venía exponiendo los fundamentos de su esperada resolución.

Ahora, las demandantes, abogados y activistas temen que el cambio de juez implique una demora de varios meses.

Entre los otros imputados figuran los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, el parlamentario fujimorista, Eduardo Yong Motta, y Marino Costa Bauer. Hay otros tres exfuncionarios acusados.

Fujimori y sus colaboradores están denunciados como autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos.

Además de las eventuales condenas a los denunciados, las damnificadas podrían ser indemnizadas por el Estado peruano, en virtud de una reforma al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000.

Se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.