La comisión del Congreso de Perú que investiga presuntos actos de corrupción durante el mandato del expresidente Pedro Castillo, aplazó hasta el 5 de mayo próximo la comparecencia de presentación de descargos por el exmandatario, quien este miércoles exigió que le tomen declaración de manera presencial y no virtual.

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Castillo, quien guarda prisión preventiva luego del golpe legislativo en su contra en diciembre pasado, se presentó por videoenlace ante los legisladores que integran la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Sin embargo, no juró y subrayó que solo declarará sobre supuestas irregularidades en licitaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en proyectos financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín si asiste a la sede del Legislativo de manera presencial.

Uno de los abogados de Castillo, Eduardo Pachas, insistió a los legisladores que su defendido recibió un oficio con una citación presencial, lo cual fue rechazado por aquellos.

El congresista que preside la comisión, el conservador Héctor Ventura (Fuerza Popular), le respondió a Castillo que, según la ley, no puede asistir de manera presencial porque está recluido en la sede del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) luego de su destitución por el Congreso.

Además, refirió que ya no es el Presidente de la República, cuando estaba investido de facultades que incluso le permitían solicitar a los congresistas trasladarse a la sede del Ejecutivo si necesitaban tomarle declaraciones.

Otras integrantes de la comisión, las legisladoras fujimoristas Vivian Olivos y Martha Moyano, acusaron al expresidente y su abogado de montar un show y de entorpecer la investigación.

Tras el cruce de criterios, la comisión resolvió aplazar la comparecencia de Castillo para que presente sus descargos el 5 de mayo próximo.

El expresidente peruano es investigado por los presuntos delitos de rebelión y organización criminal, entre otros, y permanece recluido tras dos órdenes judiciales de prisión preventiva en su contra, de 36 meses cada uno. Castillo ha reiterado que el caso en su contra es político y que le impiden ejercer su legítimo derecho a la defensa.