El presidente de Túnez, Kaiz Saied, destituyó este lunes a los ministros de Defensa, Ibrahim Bartaji, así como a los titulares de Interior y Justicia, Hisham Mishi y Hasna Ben Slimane, respectivamente, tras haber cesado también, varias horas antes al premier, Hichem Mechichi.

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De acuerdo con informes de agencias de prensas locales, el decreto presidencial dispuso que el resto de los funcionarios públicos y otros encargados de la administración económica y organizativa que se desempeñan en estos tres ministerios seguirán realizando sus labores hasta que tenga lugar el nombramiento de los nuevos directivos de esas carteras.

Además, con la entrada en vigor del decreto este domingo 25 de julio, los ministerios pasarán a ser dirigidos por los secretarios generales o encargados de asuntos administrativos y financieros de los departamentos correspondientes hasta que se designe un nuevo primer ministro y su respectivo gabinete,

La medida del presidente de Túnez sucede luego que el pasado domingo, las grandes ciudades del país vivieron fuertes protestas contra la gestión del Gobierno de Mechichi de la crisis sanitaria y económica, agudizada por la pandemia de la Covid-19.

Seguidores del partido islamista Ennahda y del presidente Saied encabezaron, este lunes, enfrentamientos ante el Parlamento, a causa de la decisión del mandatario de suspender al poder Legislativo por 30 días y cesar a Mechichi.

En este sentido, el presidente indicó que la decisión implica la retirada de la inmunidad de los parlamentarios y resaltó que asumiría la presidencia de la Fiscalía para procesar a quienes tengan casos pendientes.

En su opinión, esta serie de medidas son para “para salvar Túnez, el Estado y el pueblo tunecino” y “recuperar la paz social”.

Por su parte, el líder de Ennahdha y presidente el Parlamento, Rached Ghannouchi, publicó un mensaje en redes sociales en donde califica a este movimiento de “golpe de Estado” e instó a los miembros de su partido y al pueblo tunecino a “combatirlo”.

Como parte de su reunión este lunes, tras ser disuelto, el parlamento llamó al Ejército y a las fuerzas de seguridad a “respetar su juramento de proteger la Constitución y preservar el Estado y las instituciones”.