Al cumplir cien días de Gobierno, el presidente paraguayo Santiago Peña firmó el jueves en el Palacio de Gobierno con otras autoridades un documento que denominado “Estrategia Nacional de Combate de la Corrupción”.

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Se trata de "una hoja de ruta" de 68 páginas con plazos de ejecución en diversos proyectos y su contenido trascendió en medio de un acto llevado a cabo en el Palacio de Gobierno, donde las otras autoridades de los llamados tres poderes del Estado participaron de la firma de la estrategia.

Suscribieron el documento el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, el contralor general Camilo Benítez, el fiscal general Emiliano Rolón, el presidente de la Corte, César Diesel; el titular del Congreso, senador Silvio Ovelar y el de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

De acuerdo al mandatario paraguayo, “buscamos que esta estrategia sea una hoja de ruta con tareas, compromisos y objetivos medibles y que involucre e interpele a la sociedad para ejecución y control”.

El mandatario agradeció a las autoridades firmantes por luchar contra la corrupción, respetando lo que él llamó el equilibrio de poderes. “Todas las autoridades coincidimos que la corrupción es un azote que requiere una acción del Estado de forma coordinada, multidisciplinaria y transversal para poder derrotar de sus instituciones”, expresó.

Insistió que mediante esta estrategia se instala una mesa de diálogo en la lucha contra este flagelo, en “busca de un futuro mejor”.

Asimismo, describió que “la estrategia contiene cuatro ejes, 16 subtemas y 42 iniciativas. Es la estrategia más completa que presencié en toda mi vida”.

Agregó que dicho plan “abarca una serie de temas que son trascendentales” para el país, en relación a salud pública y educación.

Por otra parte, anunció la tramitación del proyecto de ley que establece el “Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en Paraguay”. La norma prevé “establecer un nuevo régimen de prevención de la corrupción en nuestro país irrogando esta relevante función a un órgano constitucional con autonomía funcional e independencia como es la Contraloría General de la República”.