El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) de Panamá convocó este sábado a sectores populares a nuevas movilizaciones en rechazo al Contrato Minero, aprobado la víspera por la Asamblea Nacional y luego por el Ejecutivo.

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A través de un comunicado, el líder del gremio, Saúl Méndez, dijo que la organización seguirá peleando contra el convenio e instó a grupos sindicales, estudiantiles y de la sociedad civil a seguir adelante con las protestas.

Méndez subrayó que el Contrato Minero -al que catalogó como contrato que vende la patria- permite el saqueo de los recursos naturales y daña la salud humana y al medioambiente.

Manifestó que es hora de tomar las calles para que el pueblo ponga orden ante quienes se inclinaron por vender a Panamá. Añadió que en próximas horas se darán a conocer las acciones que formarán parte de las nuevas jornadas de lucha, las cuales se decidirán en un consejo sindical nacional que se organiza para este domingo en la sede del Suntracs.

Hizo responsables de lo que llamó afrenta a la patria al Consejo de Ministros, a los 44 diputados que este viernes votaron por él, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo avalaron y al presidente Laurentino Cortizo, quien lo firmó tras la aprobación por el Legislativo.

Comparó el respaldo que dieron al referido convenio con la actitud de las autoridades panameñas en 1903, cuando entregaron a los Estados Unidos el Canal transoceánico, que pertenecía legítimamente al pueblo panameño.

La aprobación del contrato con la trasnacional canadiense First Quantum Minerals también fue rechazada este sábado por la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, la Red Eclesial Ecológica Mesoamérica-Panamá y el movimiento Polo Ciudadano.

En sus pronunciamientos, enfatizaron en que las opiniones de importantes sectores de la sociedad no fueron tomadas en cuenta para suscribir el convenio, al que señalan por el daño medioambiental, el perjuicio a las comunidades y las extraordinarias concesiones que hace a la empresa extranjera. Algunas de estas son catalogadas como violatorias de la ley y la Constitución y limitantes a la soberanía nacional.