Miles de panameños protestaron por sexto día consecutivo en favor de la derogación de la ley impulsada por el presidente Laurentino Cortizo por la que otorga una concesión a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para extraer cobre de un yacimiento a cielo abierto.

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Lo más significativo de la jornada del sábado es el intento de ocho embarcaciones por ingresar en las instalaciones del puerto Punta Rincón, por donde labora Minera Panamá, y sabotear las operaciones portuarias, lo que fue catalogado por la compañía como un hecho "violento" e "ilegal" y convocó a las autoridades a hacer algo al respecto.

"Nos preocupa profundamente este incidente, que representa una amenaza significativa para nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para salvaguardar el bienestar de nuestros trabajadores, proteger las instalaciones y preservar la integridad de nuestras operaciones comerciales", declararon.

Las protestas han ido en aumento, a pesar del decreto ejecutivo que el presidente panameño se vio obligado a firmar el pasado viernes, prohibiendo el otorgamiento de nuevas concesiones en la minería metálica del país. Al contrario, el pueblo no ha calmado sus ánimos y continúa manifestándose en cierres y marchas multitudinarias.

"Mi opinión es que el presidente no ha salido para decir nada, no ha informado nada, y simplemente se está tapando y se está encerrando en su casa", sostuvo un manifestante en Ciudad de Panamá. "Realmente él no nos ha dado ninguna solución al problema que él ha creado", concluyó.

"Vienen familias completas, porque sabemos que es un daño que no se recupera en muchos años, y el Gobierno tiene que darse cuenta de que no queremos la minería", defendió otro. "Ese contrato se tiene que eliminar, Sr. Laurentino Cortizo, elimine ese contrato, ¡hágalo por el pueblo! Así que no queremos contratos mineros. ¡No a la mina!", proclamó.

Según el testimonio de algunos colegas, como el equipo de RT en Español, los congregados en la Ciudad de Panamá también denuncian la corrupción, confesando su cansancio y estar "aburridos del abuso" de sus líderes políticos. El convenio con Minera Panamá data de 1991 y se le han hallado antecedentes de inconstitucionalidad.

El contrato quedó habilitado por el Parlamento nacional el pasado 20 de octubre y la mina donde se autorizó la explotación del metal de cobre está ubicada en Donoso, una zona forestal de la provincia de Colón, a unos 120 kilómetros de Ciudad de Panamá, que podría sufrir un irreparable daño por la operación de extracción minera.