Unas 250 organizaciones de 29 países pidieron este viernes Gobierno salvadoreño que excarcele y retire los cargos contra defensores del agua detenidos el 11 de enero, bajo acusaciones de delitos que corresponden a la época de la guerra civil (1980-1992).

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Denuncian detención ilegal de líderes sociales salvadoreños

Una nota de organizaciones de países de América Latina, el Caribe, Europa y Norteamérica recuerda que  el 11 de enero, por orden de la Fiscalía de El Salvador, la Policía arrestó a cinco destacados defensores del agua: Salvador: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Lainez Garcia, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega.

En ese mismo sentido, reseñan que estos líderes sociales fueron parte de la "histórica y exitosa campaña que convenció a la Asamblea Legislativa de El Salvador de aprobar por unanimidad Ia Ley de Prohibición de Minería Metálica de metales en 2017", con el propósito de salvar los ríos de esa nación centroamericana.

Por ello, recuerdan,  en el año 2009, el Instituto de Estudios de Políticas (lPS) honró a la coalición que varios de los cinco ayudaron a construir, Ia Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt de lPS.

Denuncian que "gracias en parte a su desacertada adopción del Bitcoin, el Gobierno salvadoreño está bajo una enorme presión para encontrar nuevos ingresos", por lo cual Nayib Bukele estaría "considerando revocar la prohibición de la minería y permitir la
minería destructiva para el medio ambiente". 

Sin embargo, los cinco están acusados por el Fiscal General de El Salvador de un presunto asesinato hace más de 30 años durante la brutal guerra civil en El Salvador que cobró la vida de 75.000 personas, en la que "una dictadura respaldada por los Estados Unidos y escuadrones de la muerte derechistas mataron a decenas de miles".

Por ello, firmantes de 29 países denuncian que en lugar de investigar o enjuiciar a los responsables de las decenas de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que militares salvadoreños cometieron contra la comunidad de Santa Marta, entre los que incluyen los asesinatos de la masacre del rio Lempa en 1980, donde fueron asesinadas 30 personas y 189 desaparecidos, el Gobierno de Nayib Bukele "ahora está revictimizando a la comunidad al atacar a sus lideres, quienes se han manifestado abiertamente en contra de las políticas del gobierno actual".

En definitiva, las organizaciones exigen "la liberación de los cinco Defensores del Agua, que se retire el caso contra ellos, y al no ser así, que se les permita esperar su juicio en su comunidad".

La víspera, una movilización de organizaciones salvadoreñas exigieron en las afueras de la sede judicial excarcelar a los líderes sociales detenidos y responsabilizaron al Gobierno de Bukele por la persecución a la que son sometidos.