La justicia uruguaya abre de manera oficial la investigación a nueve militares de la época de la dictadura militar por la detención y posterior asesinato del doctor de San Javier, Vladimir Roslik, la última víctima mortal de ese período (1973-1985).

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De acuerdo con el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, a los imputados se les impusieron diferentes medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, la obligatoriedad de presentarse en una seccional policial semanalmente y la prohibición de salir del país.

El total de involucrados en la muerte de Roslik es de 12, pero ya uno falleció, otro se encuentra delicado de salud, y un tercero ya se encuentra procesado por otra causa.

Este jueves en una rueda de prensa ofrecida por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, este declaró que “el asesinato del doctor Roslik fue uno de los crímenes más aberrantes” de la historia.

Pero recordó que “una de las personas imputadas había sido distinguida por el gobierno anterior del Frente Amplio" como presidente del Supremo Tribunal Militar, a pesar de que cuando se descubrió que estaba vinculado al interrogatorio y las torturas del doctor Roslik a este se le pidió la "inmediatamente la renuncia".

La persona a la que se refiere el ministro es a Daniel Castellá quien durante los gobiernos del Frente Amplio fue jefe del Estado Mayor de la Defensa y luego presidente del Supremo Tribunal Militar hasta 2021.

Contra Castellá se han formalizado acusaciones por los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad.