El 78,7 por ciento de la población de Nicaragua considera que el Gobierno del presidente Daniel Ortega debe reiniciar el proceso legal para exigir a los Estados Unidos (EE.UU.) el pago de la millonaria indemnización que ha de entegar a ese país por la guerra sucia que Washington financió contra la Revolución Sandinista durante la década de 1980.

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Ese fue uno de los resultados de la más reciente encuesta realizada por M&R Consultores, estudio sociopolítico de tipo presencial, del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública.

Se refiere al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 27 de junio de 1986, a partir del cual se ha de pagar a Managua una cifra superior a 12.000 millones de dólares, según estimaciones hechas hasta mayo de 1988 y que no incluyen daños de posteriores agresiones contra Managua, expresadas a través de medidas restrictivas unilaterales y un intento de golpe de Estado en 2018, derrotado por el pueblo del país centroamericano.

El presidente ejecutivo de M&R Consultores, Raúl Obregón, recordó que además de los ataques militares y paramilitares contra territorio nicaragüense, EE.UU. declaró embargo embargo general sobre el comercio en Nicaragua (1 de mayo de 1985).

Valoró que a través de este paso Washington violó las obligaciones contraídas de acuerdo al artículo 19 del Tratado de Amistad Comercio y Navegación entre ambas naciones, suscrito el 21 de enero de ese año.

Mencionó que, además de recalcar a la Casa Blanca su obligación de cesar y abstenerse de aquellos actos violatorios de esas obligaciones, la CIJ señaló al país del norte su obligación de "indemnizar a la República de Nicaragua por todos los daños causados (...), por las violaciones a las obligaciones de conformidad con el derecho internacional".

Destacó que 37 años después de esa histórica sentencia de la CIJ, "ocho de cada diez nicaragüenses, entrevistados en esta encuesta, consideran o dicen estar de acuerdo con esa sentencia; o sea, que esa sentencia es justa y era necesaria".

El experto llamó la atención sobre el hecho de que están de acuerdo con la sentencia incluso generaciones que no vivieron aquel contexto de agresividad contra la Revolución Sandinista. Entre ellos mencionó a los nacidos después del año 2000. En ese segmento, un 75,5 por ciento de los adolescentes encuestados manifestaron que Nicaragua debe exigir a Estados Unidos que cumpla el fallo de la CIJ.

Mencionó que en 1990, inmediatamente después de las elecciones del 25 de febrero, ganadas por Violeta Barrios de Chamorro (Unión Nacional Opositora, 1990-1997), uno de las primeros actos de su mandato fue emitir un documento, un comunicado que no llegó a ser ley, "que entiendo que no tenía validez legal, diciendo que Estados Unidos no debía pagar nada a Nicaragua", dijo.

Obregón recalcó la importancia de que la encuesta haya revelado que entre los nicaragüenses predomina el anhelo de que se retome la setencia y la Casa Blanca restituya a Nicaragua por los daños causados.