El diputado de la Asamblea Nacional (AN) de Nicaragua, Walmaro Gutiérrez, aseguró este viernes que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) garantiza la continuidad educativa de los jóvenes pertenecientes a los centros que perdieron sus personerías jurídicas por incurrir en irregularidades.

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En entrevista exclusiva para teleSUR, el presidente de la Comisión Producción, Economía y Presupuesto de la AN comentó que "creemos que fue una medida correcta y ajustada a derecho. Y lo más importante es que se le garantiza a las muchachas y a los muchachos que esta decisión no le afectará desde ningún punto de vista la continuidad de sus estudios".

El parlamentario afirmó que la medida anunciada por el CNU permitirá que los estudiantes tengan "una reducción y readecuación de aranceles, porque ahora los aranceles que les van a tocar pagar no van a ser como los que les pagaban a estos mercaderes de la educación, sino que van a estar directamente vinculados a los costos reales de su educación universitaria y va a ser protegido por el Estado a través del CNU".

La presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, informó que a cinco centros de estudios superiores se les canceló su personería jurídica por no cumplir con obligaciones de ley, entre ellos están la Universidad Politécnica de Nicaragua, Universidad Católica del Trópico Seco, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, Universidad Popular de Nicaragua y la Universidad Paulo Freire.

#Nicaragua El Consejo Nacional de Universidades asumió el control de 5 casas de estudios superiores por irregularidades ¿Qué pasará con estos planteles? Lo conversamos esta noche en @EsNoticia_tlSUR con el diputado Walmaro Gutiérrez. Entrevista completa��https://t.co/mWNO5ZbydA

— Tatiana Pérez (@Tatiana_teleSUR) February 5, 2022

Gutiérrez indicó que la medida fue tomada luego que la AN recibiera una iniciativa de ley, con una remisión del Ministerio de Gobernación, entidad encargada de dar seguimiento a las buenas prácticas de los organismos no gubernamentales aprobados, advirtiendo sobre algunas entidades educativas "que habían incurrido por más de diez años en una práctica completamente reñida con la ley y el derecho".

Hizo referencia a la ley 147, que data desde 1992, y estipula una serie de disposiciones que son de obligatorio cumplimiento para todos los organismos no gubernamentales, incluyendo los de caracter educativo. "En este caso existen pruebas de que estos centros no cumplieron con diferentes disposiciones que establece la ley de la materia", indicó.

Entre las infracciones cometidas están la falta de presentación de sus estados contables, registros de las donaciones que reciben y de la conformación de las juntas directivas. "La AN revisó la documentación del caso, vio que prestó mérito todos los planteamientos hechos por el Ministerio de Gobernación, y procedió como en derecho corresponde", enfatizó el diputado.

"En este caso, la ley 147 deja claramente establecido que esas imposiciones infringidas son una causal directa para la cancelación inmediata y definitiva de la personalidad jurídica de estos organismos no gubernamentales", explicó.

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Además, lamentó que estas universidades terminaron siendo "una suerte de híbridos, porque por un lado son organismos no gubernamentales, sin fines de lucro, pero en la práctica se habían convertido en sociedades mercantiles, porque comerciaban con la educación universitaria".

"La educación pasó de ser un derecho para convertirse en una mercancía que se negocia al mejor postor. Con esta decisión también se está cercenando una práctica deformante que había estado desarrollándose en el sector educativo universitario de nuestro país", reiteró Gutiérrez.

Por otra parte, destacó que el Gobierno de Nicaragua siempre ha garantizado la transferencia de los recursos correspondientes para mantener estas universidades, y eso ha significado un promedio anual, en los últimos 16 años, de aproximadamente 163 millones de dólares.

"Desde todo punto de vista, esas universidades estaban completamente reñidas con su objetivo original que era darle el pan del saber a las y los nicaragüenses que querían una carrera universitaria", aseguró el diputado.

Continuidad educativa

Gutiérrez resaltó que los estudiantes nicaragüenses de las referidas universidades "no tienen que pagar los platos rotos" y reafirmó que las dos resoluciones del CNU aclaran que "la continuidad educativa de los jóvenes nicaragüenses con calidad, y asegurando la reducción significativa de los aranceles", es un compromiso del Estado y del Gobierno.

"La diferencia es que ahora esos centros educativos ya no van a estar manejados por mercaderes de la educación, sino por funcionarios que van a ser nombrados por el CNU para que esas instituciones continúen desarrollándose sin ningún problema", y que los estudiantes culminen con éxito su formación académica, ratificó.

Rechazo al uso político

Por otra parte, el diputado rechazó que se haga un uso político de esta situación. "Es lamentable la forma en que algunos medios de comunicación internacional se han dado a la tarea de transformar la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Ha sucedido con la educación y con otros elementos que han tratado de tergiversar", manifestó.

La presidenta del CNU, además de dar todas las garantías para que los jóvenes nicaragüenses de estos centros puedan continuar sus estudios universitarios, indicó que "hemos conformado los equipos que van a asumir la responsabilidad para la conducción en cada una de las universidades".