Al menos 94 personas han muerto en Myanmar en los últimos dos días producto de la represión por parte de las fuerzas de seguridad contra las manifestantes que protestan contra la junta militar y el golpe de Estado en el país asiático.

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De acuerdo al balance ofrecido por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Myanmar confirmó que en las manifestaciones del lunes las autoridades volvieron a disparar munición real contra civiles en varias ciudades del país, dejando al menos 20 muertos y más de 50 heridos.

Las cifras del lunes se suman a las del domingo pasado cuando se contabilizaron alrededor de 74 personas muertas, entre ellos una niña de 15 años y otros tres menores, durante el día más sangriento de la represión, según la AAPP.

La asociación indicó que la cifra total de las víctimas mortales desde el golpe de Estado el 1 de febrero llegó a 183 y acusa a la policía y los militares de reprimir brutalmente a personas pacíficas, además de destrozar y saquear propiedades privadas.

En un nuevo intento de amedrentamiento, la junta militar anunció el lunes la imposición de la ley marcial sobre cuatro distritos de la ciudad de  Rangún, que se suma a la medida de excepción anunciada el domingo sobre otros dos barrios de la urbe.

La AAPP advierte que la ley marcial "libera (a los soldados) de cualquier apariencia de moderación en su brutalidad contra los manifestantes pacíficos.

Ante el repunte de la represión contra los manifestantes, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró el lunes estar "horrorizado" por la violencia oficial  y urgió a la comunidad internacional a actuar para detenerla.

"Los asesinatos de manifestantes, los arrestos arbitrarios y las informaciones de tortura de prisioneros violan derechos humanos fundamentales y desafían claramente los llamamientos del Consejo de Seguridad a la moderación, el diálogo y el retorno a la vía democrática en Birmania", señaló Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.

Guterres reiteró su pedido a la junta birmana que permita una visita de la enviada especial de la ONU, para avanzar en la construcción del diálogo y el retorno a la democracia.