Marchan en Ecuador por despenalización de aborto tras violación
La mañana de este viernes una docena de monumentos en plazas de Quito amanecieron con cintas y pañuelos verdes, en protesta por la decisión parlamentaria.
Cientos de ciudadanos se concentraron en Quito (capital) este viernes para protestar contra la decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador de rechazar la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permitiría a las mujeres abortar en caso de violación.
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Manifestantes, entre los que destacaba la amplia presencia femenina, pedían en la marcha el veto presidencial a la ley que no legaliza el aborto ni siquiera en caso de violencia sexual o incesto, con pancartas y consignas que exigían “aborto limpio y seguro”, “basta de patriarcado” y denunciaban los altos índices de partos infantiles.
“Estos grupos son antiderechos, no los podemos llamar provida porque, ¿qué vida están salvando?”, expresó una de las manifestantes respecto a quienes se oponen a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el país suramericano.
Ciudadanos se movilizan por las niñas que son obligadas a ser madres. 3000 niñas menores de 14 años son violadas y embarazas cada año en #ECUADOR @teleSURtv pic.twitter.com/ubs6eOKQJy
— Denisse Herrera (@denisseteleSUR) September 20, 2019
Asimismo, la manifestante destacó que los colectivos feministas se han organizado para acompañar a víctimas de violencia intrafamiliar, sexual, laboral, de las que mujeres y niñas suelen ser blanco.
Ya en la mañana de este viernes, una docena de monumentos en plazas de la capital ecuatoriano amanecieron con cintas y pañuelos de color verde, en protesta por la decisión parlamentaria.
El Bloque Feminista Nacional, plataforma que aglutina a diferentes colectivos, organizaciones y feministas a título individual, reivindicó la intervención urbana, que también constó de pintadas y grafitis en los que se leía "aborto ya" y "son niñas, no madres".
El COIP estipula que la mujer que se practique un aborto, por cualquier motivo, será sancionada con cárcel de seis meses a dos años y, en caso de que fallezca durante el procedimiento, quien lo realizó podrá ser condenado hasta a 16 años de prisión.
Forzar a una mujer o niña sobreviviente de violencia sexual a continuar un embarazo es tortura. Obligarla a decidir entre un embarazo o la cárcel es inhumano.
— Fundación ALDEA (@AldeaFundacion) September 18, 2019
¡No dejaremos de alzar la voz por sus derechos! Porque ellas son #NiñasNoMadres #AbortoPorViolacion pic.twitter.com/D2SKz6Tosl
Solo se permite la interrupción del embarazo en caso de que la salud de la embarazada esté en riesgo o cuando esta es una mujer con discapacidad mental que fue violada.
De acuerdo con datos de la Fundación Desafío, las víctimas de siete de cada 10 violaciones son niñas y, en el 80 por ciento de las ocasiones, se produce incesto.
Sin embargo, el asunto sigue causando polémica en una población en la cual existen grupos religiosos y autodenominados en defensa de la vida, que consideran la interrupción del embarazo como un asesinato.
Aunque las cifras -más de 20.000 menores de catorce años se convirtieron en madres en Ecuador entre 2008 y 2018- llevó a que se elevara al legislativo una propuesta para reformar regulación sobre el aborto no punible, la iniciativa no prosperó al quedarse por debajo del apoyo parlamentario necesario.
Anteriormente, en el año 2013, el Parlamento ecuatoriano había debatido una propuesta similar, que tampoco fue aprobada.