El Juzgado Primero de Anticorrupción del departamento boliviano de Santa Cruz decretó el martes el auto de prisión preventiva contra el gobernador de ese territorio, Luis Fernando Camacho, por su implicación en el caso "Carro Bombero", informaron  medios oficiales.

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El abogado Marcelo Aliaga, representante de la parte denunciante, confirmó en una entrevista televisiva que  “El señor juez ha dispuesto la detención preventiva (de Camacho) por el plazo de 90 días”.

Según el jurista, la decisión respondió al delito de incumplimiento de deberes en el que incurrió el acusado y no por conducta antieconómica. No obstante, la parte querellante presentó una apelación y será un Tribunal de Alzada el que determine si efectivamente se cometió el delito de conducta antieconómica.

El gobernador fue acusado de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado por la supuesta adquisición irregular de un carro de bomberos. Aunque el gobierno cruceño disolvió el contrato por incumplimiento de entrega, el vehículo llegó al país a fines de 2022.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, reveló que el vehículo fue comprado por invitación directa y no mediante licitación pública. Además, la Gubernatura rubricó un contrato con una empresa “fantasma” para la compra del carro de bomberos.

Camacho intervino en la audiencia por la vía virtual, ya que se encuentra recluido preventivamente en Chonchocoro mientras duran las pesquisas por el caso denominado "Golpe de Estado I" que investiga el complot que desembocó en las revueltas que hicieron renunciar al expresidente Evo Morales en 2019.

Al respecto, el abogado defensor del gobernador, Martín Camacho, aseveró que "no existe un daño económico", ya que se ejecutó la boleta de garantía a la empresa que debía entregar el vehículo, con lo que "no existiría" el requisito para considerar la acusación penal.

El gobernador cruceño cumple detención preventiva desde fines de 2022, acusado por supuesto terrorismo y otros delitos en el caso "Golpe de Estado I", relacionado a la crisis política de 2019. Asimismo, un tribunal lo concenó a otros seis meses por su participación en la huelga de 36 días en Santa Cruz.

La Fiscalía lo acusó por terrorismo, resoluciones contra la Constitución, racismo y discriminación. En mayo se sumó otra condena por dos meses, por el decreto que firmó Camacho para la designación de un gobernador interino. Entonces se sumaron cargos por nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.