Este martes fue revelado un informe sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador correspondiente al año 2022, el cual concluyó que desde el inicio del régimen de excepción aumentaron las violaciones a las garantías individuales.

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El estudio fue elaborado por el Instituto Universitario de Derechos Humanos y destaca que la implementación del régimen de excepción provocó graves retrocesos. De acuerdo con la investigación de las más de 67.000 detenciones, cerca de 4.000 son arbitrarias.

Según el investigador del Instituto Universitario de DD.HH., Jorge Rodríguez, “organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado la actuación de la Policía Nacional Civil en la que desarrollaban detenciones sin orden de captura, allanamiento de morada, detenciones indiscriminadas y operativos dirigidos en zonas estigmatizadas”.

La investigación arrojó un aumento desproporcionado de hacinamiento carcelario que sobrepasa el 300 por ciento.

Rodríguez agregó “una de las consecuencias más grandes del hacinamiento y de no garantizar servicios de salud a personas privadas de libertad es el aumento de muertes de los reos. Hasta noviembre del año pasado las autoridades habían reconocido al menos 90 fallecidos, sin embargo organizaciones de DD.HH. habrían reportado 102 decesos”.

El Gobierno niega que se irrespeten los derechos de los detenidos. Además, sostiene que 4.000 personas fueron liberadas por los tribunales por no encontrar vínculos con las pandillas.

El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, declaró que el Ejecutivo actual no va a “dormir tranquilo” si condenan a un inocente.